En un nuevo informe presentado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), llamado “Pandora Papers”, quedó al descubierto que 588 personajes reconocidos, entre ellos unos 30 líderes mundiales, como los expresidentes colombianos Andrés Pastrana y César Gaviria habrían ocultado grandes capitales fuera de sus países, con la intención en muchos casos de no pagar impuestos. Aunque ambos aseguraron haber reportado a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) la existencia de tales inversiones, se mantiene la duda alrededor de si pagaron los gravámenes de ley por las ganancias obtenidas.
Un asunto sutil, como que el nombre del expresidente Pastrana siga oculto como beneficiario de la firma panameña Vanguard Investment, cuando desde el 2016 es obligación poner el nombre real de la sociedad dueña de las acciones en el caso de este tipo de inversiones en el exterior, deja interrogantes. Es más llamativo y complejo el caso de Gaviria, actual director del Partido Liberal, quien con su hermano Luis Fernando constituyó en el 2006 la empresa de gas colombiana MC2 S.A.S. ESP, que en el 2010 fue absorbida totalmente por la firma panameña MC2 Internacional S.A., que ellos mismos constituyeron, pero en cuyo trámite desaparecieron sus nombres.
Si bien este tipo de inversiones en sociedades offshore en el exterior son legales, y en la lógica empresarial es natural la constitución de este tipo de firmas para facilitar el intercambio comercial u obtener mayor rentabilidad en algunas operaciones internacionales, no es legal e incluso es delito desde el 2019 en Colombia la omisión de activos. Una cosa es reportar la existencia de una inversión de este tipo, muchas veces con un capital reducido, y otra dar cuentas de las utilidades obtenidas en una empresa en el exterior que no es auditada por la DIAN. Se calcula que unos 2.500 millones de dólares (unos $8 billones) escapan del fisco nacional cada año por este tipo de actividades.
Por eso, genera desazón que exfuncionarios del Estado colombiano (también aparecen los exministros Gina Parody, Guillermo Botero y Fernando Araújo, y el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa) o funcionarios actuales como la vicepresidenta y canciller, Martha Lucía Ramírez; la ministra del Transporte, Ángela María Orozco, y el director de la DIAN, Lisandro Junco, aparezcan en el informe, ya que desde el punto de vista ético no parece lo adecuado para quien ostenta dichas investiduras. Ojalá que, en realidad, en todos los casos, se haya pagado lo legal en impuestos, de lo contrario sería un pésimo ejemplo para los colombianos.
Desde luego que lo importante es que cualquiera que tenga estas inversiones internacionales le pueda dar la cara al país y logre demostrar que no lo hizo para evadir impuestos en Colombia. Lo que necesitamos en el país es que sus líderes den ejemplo y pedagogía acerca de lo que es correcto. Sería muy vergonzoso que, escudados en una legalidad que es innegable, no se le diga toda la verdad al país acerca de esas inversiones, y que en realidad su objetivo sea aportar menos de lo justo al erario nacional. El Estado colombiano, sea quien sea el poseedor de estas sociedades internacionales, tiene la obligación de buscar colaboración de los demás países y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para identificar cuál es la verdad en estos casos, y actuar en consecuencia.
