La protesta de las comunidades indígenas en Cauca que terminó el fin de semana, después de 27 días, deja lecciones para las partes y para el país que vale la pena tener en cuenta para evitar otras situaciones, como la que empezó ayer entre Huila y Putumayo. Lo primero es celebrar que se haya dado término a este bloqueo que afectó la economía del sur del país, al tiempo que se tiene que lamentar la muerte de por lo menos tres personas y los desmanes presentados.

El Gobierno se tardó en dimensionar lo que allí sucedía y fue ambiguo en su mensaje de no negociar hasta que hubiera desbloqueo, pero empezó a hacerlo en cabeza de la ministra del Interior, a pesar del cierre. Se dejó crecer el problema y se intentó apagar el incendio cuando la situación ya había tomado dimensiones complejas. Son los bandazos a los que nos viene acostumbrando esta Administración. Por fortuna se logra el levantamiento de la protesta y se comprometieron recursos que permitirán atender reclamos de los manifestantes, varios de ellos justos, pero no todos.

Vale la pena llamar la atención sobre los señalamientos con cajas destempladas que hicieron algunos dirigentes políticos por la protesta indígena. Tampoco estamos de acuerdo con la manera en que la hicieron, pero no por ello se puede llamar a la violencia o a la estigmatización. Mejor sería buscar canales de diálogo y criticar con las herramientas que da el debate, no con vociferaciones racistas o con llamados velados a la represión.

Las comunidades indígenas tienen una historia larga de haber sido ninguneadas, de eso no cabe duda. Por eso se entiende que reclamen atención, pero no compartimos que sea por vías de hecho. Por ejemplo, ante la petición de mayor tierra, el Gobierno debe estudiarla, pero con la condición de que esta sea para producir y que se dé en condiciones que no afecten a propietarios legítimos, como lo son también miles de campesinos. De darse la entrega de tierra a los indígenas debe ser para labrarla y hacerlo por vías legales, con planeación y con respeto a los derechos de todos los involucrados, no violentando a otras personas vulnerables.

Es necesario que se atienda la petición de protección para sus líderes, que forman parte del grupo de asesinados, desplazados y amenazados en el país, en esta sangría que no se detiene y que ha provocado que se pierda a los mejores colombianos, quienes luchan por los derechos humanos en sus territorios. Se brindará apoyo en servicios de salud, educación y en vivienda, un clamor de estos pueblos, así como en conectividad vial y en proyectos productivos. Se debe cumplir la palabra empeñada. Esto favorecerá a los demás habitantes de Cauca y Nariño afectados por el cierre durante 27 días de la vía Panamericana, para los que el Gobierno Nacional anunció ayudas y medidas, como tenía que hacerse.

Ojalá pues no se convierta esta forma de presión en una constante, pues así un país se vuelve ingobernable, mejor es que el Gobierno prevea las carencias que tienen los pueblos ancestrales y acometa la inversión que permita mejorar sus condiciones de vida y sobre todo que les garantice el sustento y la dignidad que merecen como cualquier colombiano.

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Las comunidades indígenas tienen una historia larga de haber sido ninguneadas, de eso no cabe duda. Por eso se entiende que reclamen atención, pero no compartimos que sea por vías de hecho.