El año pasado Colombia cayó de 37 a 36 puntos sobre 100 y descendió del puesto 96 al 99 entre 180 países, en el índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, un retroceso que nos devolvió a cifras del 2012, lo que indica que como país perdemos el examen en esta materia. De hecho, entre los países de América Latina, obtuvimos en el 2018 el mismo puntaje de Panamá, por debajo de Uruguay (70), Chile (67) y Argentina (40); igual que Brasil y Perú, y al compararnos con los países de la OCDE somos penúltimos entre 36 países, superando únicamente a México (28). Una verdadera vergüenza.
Por eso el hecho de que Caldas tenga un rápido repunte en el Índice de Desempeño Institucional, al pasar del puesto 12 al 4 entre el 2017 y el 2018 es más que significativo. El salto de 69,65 puntos a 78,1 en solo un año es un logro de enorme relevancia, en el que hay que destacar el compromiso de la administración departamental, encabezada por el gobernador Guido Echeverri Piedrahíta, para avanzar en aspectos fundamentales afines a los principios de lucha contra la corrupción. Se han tenido avances en servicio al ciudadano, acceso a la información pública y participación ciudadana, entre otros.
Haber tomado la iniciativa de tener una Oficina de Gobierno Abierto, que lidera este propósito, ha sido fundamental para acercarse a los logros de gobernaciones como Cundinamarca y Meta, que son las que lideran estos procesos en Colombia y tienen los mejores puntajes en sus políticas de desarrollo administrativo. Tales avances se transforman en confianza de los ciudadanos en la administración pública, una falencia que hemos sufrido en Colombia, y que ha alimentado la indiferencia de los ciudadanos hacia lo que ocurre en alcaldías y gobernaciones, razón que da sustento a la poca participación de la gente para hacer veedurías al uso del erario.
Cuando la corrupción genera pesimismo, es refrescante corroborar que en Caldas hay la intención de hacer las cosas bien, que a la transparencia se le está dando la prioridad que merece. Tal vez sea necesario que en aras de cumplir cabalmente lo dispuesto en la Ley 1712 del 2014 haya una apropiación de recursos que apunten a dar más herramientas y a generar una cultura más fuerte en torno a lo que deben ser los comportamientos anticorrupción en la administración pública departamental, y que cada vez los ciudadanos tengan una percepción más clara y directa de que el dinero de sus impuestos no se está dilapidando.
El trabajo de cimentar una relación de confianza entre las administraciones y los ciudadanos es un referente para las 27 alcaldías caldenses, emular los logros alcanzados en dicha materia y que este mismo empeño sea apropiado por otras regiones del país donde todavía impera la trampa, el ocultamiento de información, la manipulación contractual y todas las conductas censurables de los corruptos. Sin duda en Caldas quedan imperfecciones y hay mucho por hacer hacia una mayor transparencia, pero se ven buenas intenciones y resultados que evidencian ese esfuerzo.

El objetivo último es que cada ciudadano, sin distingo alguno, pueda conocer de primera mano la información, los trámites y los servicios que le brinda el Estado. Mayores esfuerzos en términos de tecnología amigable al alcance de cualquier persona, que las prácticas de gobierno en línea sean realidad, que servicios en materia de justicia y salud, por ejemplo, tengan soportes tecnológicos que mejoren la convivencia y la calidad de vida de la gente deben ser los propósitos. Un gobierno abierto de verdad es un ideal que debemos exigir y defender como soporte de nuestra democracia.