La paz indígena

Riosucio, en el occidente de Caldas, vive por estos días momentos de convulsión. La lucha territorial entre indígenas embera chamí y los quimbaya kumba, en la que se ha llegado a denunciar amenazas y todo tipo de presiones, viene en aumento tras el anuncio de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) de que próximamente entregará la delimitación exacta y la titulación del resguardo de origen colonial Cañamomo Lomaprieta. El sector de La Iberia es el centro del conflicto; es un lugar ocupado por los quimbaya kumba, que no se consideran miembros del resguardo y exigen un territorio propio, considerado por ellos reserva ancestral heredada por sus abuelos.
Recientemente, una delegación de la ANT que buscaba reunirse en La Iberia con la comunidad no pudo pasar, debido a un bloqueo de los embera chamí, comunidad a la que pertenece el actual alcalde de Riosucio, Bernardo Arley Hernández Ayala, por lo que surgen muchos interrogantes que aún no se resuelven. La preocupación por el conflicto étnico y de tierras se incrementa, ya que comunidades campesinas y afrodescendientes de la zona asentadas en Guamal (Supía) también ocupan tierras que el resguardo considera propias, situación que solo podrá aclararse tras un proceso de verificación que podría tardar unos tres años.
El problema es que no existen documentos que permitan establecer como ciertos los reclamos, y será necesario que las mismas comunidades aporten los materiales, y que al contrastarlos lleven a establecer una delimitación que corresponda a lo justo. No se ve que pueda ser un camino fácil, pero la esperanza es que en una población que ha encontrado en el pasado alternativas de solución a sus conflictos (como lo demuestra el origen del famoso Carnaval de Riosucio) logre esta vez de manera pacífica, fijar unas reglas claras de convivencia en la que haya respeto mutuo y garantía de protección para los derechos humanos de todos los que ocupan ese territorio.
Gran parte del resultado del conflicto actual es el reconocimiento que desde 1994 entrega el Gobierno a comunidades de la zona para ser vistos como Emberas, situación que ha sido aprovechada por mestizos para obtener beneficios del Estado. Por eso, en sectores urbanos de Riosucio figuran como indígenas personas que no lo son desde el punto de vista ancestral y que ahora temen ser desplazadas. Son todos estos aspectos muy sensibles y difusos que los funcionarios de la ANT deberán esclarecer y, de manera muy objetiva, delimitar y titular a los dueños reales.
La realidad es que en un ambiente preelectoral como el actual los ánimos políticos se exasperan y temas como este son aprovechados por algunos para tratar de generar disputas que les podrían ser útiles en octubre. El llamado es a actuar con mucha responsabilidad, a no permitir que la convivencia se dañe por culpa de quienes quieren pescar en río revuelto. Lo principal es que todos los pobladores de la región se reconozcan como riosuceños, que necesariamente deberán convivir en paz sin importar su etnia, y donde todos en armonía tienen la posibilidad de crecer y desarrollarse allí para el beneficio general.

Un hecho que ilustra que el Estado puede ayudar a resolver estos conflictos de manera acertada es lo que acaba de ocurrir en San Lorenzo, también en Riosucio, donde esta semana la Unidad de Restitución de Tierras entregó, de manera simbólica, la sentencia que ordena declarar y reconocer al resguardo de San Lorenzo como víctima del conflicto armado interno y restituirle su territorio ancestral. Desde luego que todavía falta pasar del papel a lo concreto, pero es un primer paso en el que será necesario convocar voluntades de todos los interesados y garantizar que se podrá vivir en paz en esa región del occidente de Caldas.