Con lentitud avanza el trámite de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) en el Congreso de la República. No obstante, los asuntos más importantes y que constituyen la médula de ese sistema de justicia transicional para dejar atrás el conflicto armado en el país todavía siguen pendientes de la aprobación que se necesita, mientras que el Gobierno Nacional con un menguado capital político se esfuerza para que el proyecto salga con todos los elementos que permitan que ese mecanismo sea usado eficientemente con un alto contenido de verdad.

Las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara de Representantes han ido avanzando en la configuración del camino que deberá seguir el nuevo tribunal que quedó conformado la semana pasada, con una muy diversa gama de miembros desde el punto de vista ideológico, étnico, territorial y de género. Las votaciones no han sido fáciles después de la determinación del partido Cambio Radical de darle la espalda al Gobierno en lo relacionado con la política de paz, pero las mayorías que mantiene en el Congreso le han servido para sacar adelante la JEP y el resto de asuntos relacionados con la implementación de los acuerdos con las Farc.

No se entiende que un partido que acompañó al presidente Juan Manuel Santos desde el 2010, como Cambio Radical, que hizo parte de la llamada Unidad Nacional que respaldó la realización de las negociaciones con las Farc y que inclusive avaló el acuerdo final con esa guerrilla, se declare ahora en contra de ese mismo proceso, en una actitud que solo puede ser interpretada a la luz de la coyuntura política y la urgente necesidad de que su candidato se posicione como la opción con más fuerza para acceder a la Presidencia de la República.

Sería una lástima que después de tantos meses de negociaciones difíciles, que luego de los obstáculos que se han tenido que sortear para que los acuerdos con las Farc estén en etapa de implementación, se termine tumbando una JEP que es el corazón del proceso de paz, y sin la cual podríamos decir que todo lo caminado podría perderse, y regresar tal vez a un indeseable conflicto armado. Está bien que haya discusión y que partidos como Cambio Radical tengan reservas frente a algunos puntos, pero en lugar de entorpecer los debates y declarar la oposición, debería trabajarse para sacar el mejor resultado posible de ese mecanismo de justicia.

Lo más importante es que en la JEP queden contempladas todas las medidas que conduzcan a una reparación efectiva a las víctimas, el componente de verdad y la garantía de no repetición, sin los cuales no podrá construirse la paz que tanto se anhela. Los parlamentarios colombianos tienen la obligación de seguir trabajando para evitar que los derechos de las víctimas y el deber del Estado de investigar para esclarecer, perseguir y sancionar a los responsables del conflicto, terminen vulnerados.

Todavía quedan pendientes temas como el de libertad transitoria condicionada y anticipada, la llegada de responsables de crímenes graves al Congreso de la República, la entrada en funcionamiento del nuevo Tribunal de Paz, el tratamiento a los desertores y testaferros, así como los límites de la justicia especial y la ordinaria, que seguramente llevarán a discusiones acaloradas, que esperamos sean superadas de la mejor manera. En esto hay que tener claro que si las Farc dejaron las armas es porque se les abría el camino para la participación política, a la cual no hay que ponerle talanqueras que puedan llevar a que los acuerdos se caigan. Siempre será preferible una paz imperfecta que volver a la guerra.