El proyecto Miel I, cuyo dueño es Isagén, lleva cerca de 18 años en funcionamiento, y ha demostrado que fue un acierto su construcción, no solo por cumplir con las expectativas en generación de energía, sino porque se pudo mitigar de manera acertada su impacto ambiental, y por el contrario toda esa zona ha ganado fuerza por su potencial turístico. Lastimosamente Caldas ya no tiene participación en los beneficios económicos directos de ese proyecto, aunque los municipios del oriente caldense que son influenciados por esa infraestructura sí reciben regalías por esa actividad, que genera 396 megavatios y es el quinto proyecto hidroeléctrico más grande del país.

Ya completamos cerca de 20 años hablando de las posibilidades que tendría el proyecto Miel II, que siendo más pequeño, con 120 megavatios, le representaría a Caldas ingresos significativos, de acuerdo con los cálculos. Pese a tener eso claro y a que se viene buscando un socio capitalista desde hace años para ejecutar la obra, todavía no ha sido posible concretar la inversión. Aunque, por momentos, han aparecido supuestos interesados, ese sueño de los caldenses que se construiría entre los municipios de Samaná, Victoria y Marquetalia todavía está aplazado.

Esta semana conocimos que Caldas podría verse abocada a pagar una sanción a la Nación, que ascendería a un millón de dólares (unos $3.800 millones) si para el 2023 no está concluido el proyecto; es el llamado cargo por confiabilidad. Esto tiene que ver con una garantía bancaria firmada en abril del año pasado con la Promotora Energética del Centro, en la que nuestro departamento tiene el 99%. Como Miel II es considerado un proyecto necesario en la subasta nacional de energía, y es avalado para generar inicialmente 74,41 gigavatios hora/año, la Nación puede penalizar a su dueño, Caldas, si no cumple.
Es urgente ejecutar las tareas necesarias para conseguir socio del proyecto y garantizar que pronto se inicien las obras. Los diferentes estudios, diseños y licencias están listos, y solo falta hacer el cierre financiero y conseguir los recursos, que ascienden a 250 millones de dólares (unos $925 mil de millones). Lo complejo es que los cálculos más optimistas señalan que se necesitarán tres años para la construcción, por lo que ya no sería posible cumplir con el plazo del 2023. Decir que la multa es poca para lo que puede obtenerse cuando el proyecto esté generando es un desatino; hay que apuntar a tener pronto el capital de construcción y terminar a tiempo sin sanciones.

De acuerdo con la firma XM, que es operador comercial de la Nación en asuntos energéticos, la Miel II ya tenía un retraso de 731 días al cierre de agosto. Ahora bien, debe considerarse que varios proyectos tuvieron que aplazarse o perdieron ritmo debido a la pandemia de covid-19, y por tanto el plazo podría reconsiderarse. Sin embargo, la obligación de Caldas es armar un cronograma nuevo que considere ampliar los frentes de trabajo, y de esa manera garantizar que las obras rindan y se puedan terminar a tiempo.