Ha causado revuelo entre los Republicanos, en los Estados Unidos, la decisión del presidente de ese país, Joe Biden, de sacar a las extintas Farc de la lista de grupos terroristas en la que estaba la exguerrilla desde finales del siglo pasado. Se ha dicho en círculos de ese partido opositor al demócrata que se le darán alas a esa organización para que siga haciendo actos de terrorismo. Frente a eso hay que aclarar que el acuerdo de paz con ese grupo acaba de cumplir cinco años, documento que fue refrendado esta semana con la visita al país del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.
 La determinación de Biden es coherente con lo que viene ocurriendo desde la firma del acuerdo, en el 2016. Hay evidencias suficientes de que la gran mayoría de quienes estuvieron en las filas de esa organización terrorista ya desmovilizada están ya en la vida civil, e incluso haciendo aportes positivos a la sociedad, como se observa en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). No sería justo con los desmovilizados que están cumpliendo su compromiso de paz, mantenerles el apelativo de terroristas, cuando sus vidas están ahora enfocadas en la construcción de un mejor país.
 Es cierto que todavía algunos de los exjefes desmovilizados emiten juicios desatinados, como los recientes de Rodrigo Granda acerca de los secuestrados, y eso es algo que ofende a los colombianos de manera justa. No se puede tratar de minimizar de ninguna manera las innegables barbaridades cometidas por las Farc durante el conflicto, y más que revictimizar tiene que haber una reparación efectiva a quienes sufrieron esas violaciones.
 En eso tienen que recapacitar quienes son, sin duda, responsables de graves delitos por los que deberán ser juzgados en la Justicia Especial para la Paz (JEP). De igual manera, lo coherente debería ser que los excomandantes subversivos cumplan plenamente lo acordado en cuanto a la entrega de bienes producto del narcotráfico que ejercieron durante años, entre otros puntos que están pendientes.
 La coherencia de la decisión de Biden se corrobora con el anuncio de que las disidencias de las Farc (las de alias “Iván Márquez” y las de “Gentil Duarte”), serán incluidas en la lista de terroristas. Desde luego que quienes insisten en la guerra y no están dispuestos a avanzar hacia la paz tienen que ser perseguidos y neutralizados hasta que se entreguen a las autoridades o sean capturados y judicializados. Inclusive, las Fuerzas Militares colombianas deben hacer mayores esfuerzos para golpear con mayor contundencia esas estructuras hasta desarticularlas por completo.

Hay que entender que estas decisiones del presidente estadounidense, quien vendría el próximo mes a Colombia en visita oficial, van a permitir que legalmente ese país pueda entregar más recursos para financiar iniciativas que aceleren el proceso de reincorporación de excombatientes, a la vez que mayores ayudas para combatir con más contundencia a los declarados ahora grupos terroristas. Ese es el tipo de cooperación que se requiere en estos momentos, donde el elemento militar venga acompañado de estrategias de respaldo a las comunidades para dejar atrás el conflicto armado.