Intolerancia contra la violencia

Dos hechos ocurridos en los últimos días nos muestran lugares en donde el deterioro de la seguridad llega a niveles preocupantes. El primero de estos ocurrió en Tibú (Norte de Santander), en la compleja región del Catatumbo, en donde tienen presencia grupos armados como el Eln, el Epl y disidencias de las Farc, así como otros al servicio del narcotráfico. Esto en un lugar que limita con Venezuela complica aún más la situación de quienes habitan el lugar. Se trató de la ejecución de dos personas, un niño de 15 años entre ellos, que habían sido señalados en un puesto de comercio como ladrones.
Sin embargo, en lugar de ser judicializados como era debido, un grupo de hombres armados los condujo y luego los cuerpos fueron hallados sin vida, con tiros de gracia y con letreros atados a ellos en los que se leía “ladrones”. Como si estuviéramos en un lugar sin justicia a cargo del Estado. Hasta ahora la Policía no da explicaciones razonables sobre su ausencia en el lugar. Como si fuera poco, hay quiénes avalan este tipo de conductas. Debemos cuestionarnos como sociedad cuando justificamos esta aplicación de justicia por mano propia.
Hasta la oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia rechazó el acto, además por la gravedad de que entre las víctimas se halle un menor de edad. Esto prueba una vez más la incapacidad del Estado para llegar con su mano a muchos territorios colombianos y la situación se prolonga en el tiempo sin que desde Bogotá se den soluciones. Se trata de una zona sumamente militarizada, como si fuera la única presencia posible del establecimiento en estos lugares.
Esa falta de Estado también se nota en lugares como La Cristalina de Lozada, en el departamento del Meta. Allí un grupo armado, al parecer disidencia de las Farc comandada por alias Gentil Duarte, es el responsable de atentar con la vida del gobernador de ese departamento, Juan Guillermo Zuluaga. Un asunto de extrema gravedad, que por fortuna no cumplió su cometido, pero que genera hondas preocupaciones sobre la capacidad de estos delincuentes, sobre la información que se maneja de ellos en los organismos de inteligencia y sobre la capacidad de la Fuerza Pública para combatirlos.

Acciones como las sucedidas en Tibú y en La Cristalina son apenas dos ejemplos de otros hechos que ocurren en territorios colombianos, donde cinco años después de firmado el Acuerdo de Paz con las Farc, la situación de inseguridad es la misma o más grave, lugares en los que el Estado sigue siendo apenas una presencia de la fuerza pública y poco o nada de legitimidad. Es otra de las tantas tareas pendientes que tiene nuestro país, pero lo grave es que esto les cuesta la vida a colombianos cada día. No podemos seguir en la tercera década de este milenio repitiendo las malas decisiones del pasado. Todos los colombianos merecen vivir con tranquilidad y confiar en un estado que les brinde las garantías para su desarrollo personal y colectivo. El Estado tiene que protegerlos, sin eso, difícilmente se puede avanzar en otras necesidades de la sociedad.