Un grupo de congresistas creyó hace unas semanas que el gran problema del Ministerio de Defensa era su titular, Guillermo Botero, y por eso intentó una moción de censura, sin éxito. Entre otros muchos motivos, las denuncias del The New York Times acerca de las directrices de eficiencia en los operativos militares que podrían conducir a nuevos episodios de “falsos positivos”, pesaron bastante para pensar que la sanción del legislativo podría tener resultados. Vinieron luego denuncias de toda clase de irregularidades en la cúpula del cuerpo castrense que forzaron la salida de oficiales de alto rango, comprometidos en graves hechos de corrupción. El primero en caer fue el general Jorge Horacio Romero, jefe de Acción Integral del Ejército, presuntamente vinculado a la entrega de salvoconductos de armas a narcotraficantes.
De hecho, la semana pasada cuatro generales del Ejército fueron llamados a calificar servicios, entre ellos el segundo comandante de esa fuerza, Adelmo Fajardo Hernández. También salieron el mayor general Juan Vicente Trujillo Muñoz, comandante de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército; el mayor general Francisco Javier Cruz Ricci, jefe del Departamento de Implementación y Estabilización, y el brigadier general César Augusto Parra León, jefe del Departamento Conjunto de Planificación y Transformación. Para este último caso las investigaciones de la Fiscalía apuntarían a irregularidades de cuando Parra comandó la Brigada 12, de Caquetá: Habría desviado millonarios recursos destinados a combustible y adjudicado contratos de manera irregular.
Así mismo, el mayor general Jorge Arturo Salgado Restrepo, quien era inspector general del Ejército, fue enviado como agregado militar en Chile. Adicionalmente, el general Eduardo Quirós, del comando de Apoyo de Contrainteligencia, comenzó a ser investigado por la Procuraduría. Los casos de corrupción que han llevado al retiro de los altos oficiales tienen que ver con las denuncias acerca de la exigencia de dineros a subalternos para financiar viajes, malos manejos de recursos, expedir salvoconductos de manera ilegal, así como el ofrecimiento de hasta $100 millones para identificar a las fuentes de los reportajes publicados en The New York Times y la revista Semana sobre la reaparición de los “falsos positivos”.
Esta última situación habría llevado a que se diera una verdadera cacería de brujas en el interior del Ejército, institución que tuvo que rectificar las directrices que había dado para tener más bajas en los operativos contra distintas organizaciones delincuenciales. Eso también estaría llevando a que se conozcan graves situaciones irregulares, como disputas de poder entre generales para manejar cuantiosas sumas entregadas por Ecopetrol y toda clase de actividades por fuera de la ley que antes habían pasado inadvertidas o que habían sido echadas por debajo de la alfombra. Otros altos oficiales vienen siendo investigados por diversas situaciones, y hasta el actual comandante de esa fuerza, general Nicacio Martínez, está en la mira de los organismos de investigación.

Hay que anotar que si los generales empezaron a caer fue por la contundencia de las pruebas dadas a conocer por los medios de comunicación y no necesariamente por el compromiso del ministro de Defensa, desde el comienzo para atacar el cáncer que hay en el Ejército. De hecho, inicialmente se intentó desvirtuar la seriedad las denuncias y hacer creer que solo se buscaba dañar la imagen de Botero y de la institución militar. Ante las primeras evidencias, el ministro solo optó por los traslados y por darle vacaciones a algunos señalados de los graves hechos, y solo ahora comienzan a tomarse medidas más fuertes que, de todos modos, no dejan de ser confusas. Ojalá pare pronto la crisis del Ejército y se camine hacia adelante por un camino recto que recupere la confianza de los colombianos.