El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) expulsó a Jesús Santrich, Iván Márquez, Romaña y el Paisa, entre otros que abandonaron el proceso, porque en esa colectividad "no caben las expresiones armadas", según se lee en un comunicado divulgado el miércoles. Todos los disidentes del proceso de paz, aseguraron, no pueden pertenecer a esa organización política, cuyos dirigentes vienen demostrando su compromiso con la democracia y con el respeto a la institucionalidad colombiana, algo que debe ser bien valorado.
Los exguerrilleros que le apuestan de manera seria a la paz expresan claramente con este gesto que no deberían ponérseles más obstáculos a la implementación de los acuerdos, en la que se tienen pocos avances. Esta expulsión, que marca claras fronteras entre una amplia mayoría que se acoge al Estado de Derecho y una minoría retrógrada (menos del 5%) que se mantiene en su ánimo de guerra, obliga a que el aparato institucional colombiano proteja de mejor manera las actividades políticas del nuevo partido de izquierda, que ahora no solo tiene la amenaza de los extremistas de derecha sino de sus propios excompañeros guerreristas. No puede mirarse por encima del hombro el asesinato de 149 integrantes de la exguerrilla desde el momento de la firma del acuerdo.
Las expulsiones eran una decisión esperada y necesaria que, además, evidencian el acierto de haber pactado la paz con esa organización. También avala la importancia de la existencia de una Justicia Especial para la Paz (JEP), que ya había expulsado de ese tribunal a quienes se rearmaron, por lo que las posibles capturas futuras pondrán a quienes le dieron la espalda al proceso a pagar duras penas en la justicia ordinaria. Se viene demostrando que, contrario a lo que algunos han querido vender equivocadamente, el funcionamiento de la JEP es acertado y es pieza fundamental para la cimentación de una paz estable y duradera en cuya construcción deberíamos trabajar todos los colombianos.
Ya la presidenta de esa jurisdicción, Patricia Linares, lo enfatizó: "Cualquier compareciente que se haya rearmado será objeto de la expulsión del sistema". No puede olvidarse que el espíritu de lo pactado en La Habana es que las víctimas estén en primer plano, que no sean de nuevo olvidadas, y por ello no puede haber contemplaciones con quienes no respeten lo acordado. Ya en la JEP se tramitan procesos a unas 12 mil personas, entre las que se cuentan exguerrilleros, miembros de la fuerza pública y terceros civiles con responsabilidades en el conflicto. Lo que se espera es que pronto salgan sentencias, que podrán ser no muy severas a cambio de que se entregue verdad, haya reparación para las víctimas y compromiso de no volver a delinquir. Estos son puntos esenciales para lograr una paz real.
Hay que reconocer que el Gobierno Nacional, con su estrategia de paz con legalidad, avanza en los espacios de reincorporación, en los que cerca de 11 mil excombatientes emprenden nuevos proyectos de vida, alejados del crimen y la violencia, algo que debe seguirse y profundizarse con proyectos dirigidos a lograr la reforma rural integral, a proteger los miembros del partido Farc (al que sus dirigentes deberían cambiarle el nombre) y dar todo el apoyo a la JEP para que pueda ejecutar de la mejor manera su trabajo, como lo viene pidiendo el exjefe negociador del Gobierno, Humberto De la Calle.

Definitivamente hay que pasar la página y mirar hacia el futuro con optimismo. Seguir poniendo el espejo retrovisor y tratar de hacer trizas lo acordado solo generará pesimismo y nos conducirá hacia un nuevo abismo. Lo que debe lograrse es el trabajo de todos en aras de dejar atrás las épocas aciagas de la violencia, e imaginar una nueva Colombia enfocada en el bienestar para todos.