Desde hace casi tres años se viene aplicando la Ley 1816 del 2016 o de Licores, que introdujo una fórmula aplicada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para calcular el impuesto al consumo de esas bebidas en el país. El resultado son tarifas elevadas que dejan en desventaja a los licores nacionales frente a los importados, cifras que dependen, inclusive, de que sean comercializados en hoteles, restaurantes, bares o cafeterías. Ese perjuicio llevó a que la semana pasada los secretarios de Hacienda de 22 departamentos, con el liderazgo de Caldas, le pidieran al Gobierno Nacional introducir una reforma en la nueva Ley de Financiamiento que considere cobros con base en el grado alcoholimétrico solamente, eliminando el componente basado en el precio final del producto (ad valorem).

Dicho desequilibrio entre nacionales y extranjeros ha afectado el consumo de los primeros y ha provocado que las ventas se reduzcan durante este tiempo, no solo impactando a productores como Caldas, con su Industria Licorera, sino a todos los departamentos que también necesitan comercializar cantidades crecientes de licores colombianos para garantizar ingresos de inversión para salud y educación. Hay que volver al esquema que se aplicaba antes de la Ley 1816 para que exista equidad en la competencia entre los licores nacionales y los importados, y aumentar, más bien, los bajos impuestos que se le están cobrando a las cervezas.

La manera como fue aplicada este año la fórmula del DANE hace que los impuestos aumenten hasta en un 42% para los nacionales, mientras que los importados se mantienen entre el 25% y el 30%. Así, el tequila, el vino y el whisky terminan con precios en el mercado bastante más competitivos que los de nuestras bebidas, lo que afecta gravemente el consumo de los nacionales y desde luego el recaudo de impuestos por ventas de estos licores. Además, como la fórmula es cambiante, las tarifas se modifican permanentemente, lo que genera problemas serios para el recaudo.

La Ley de Licores, que rige desde el 1 de enero del 2017 pretendía bajar el consumo de bebidas que perjudican la salud, al mismo tiempo que se aumentaba el recaudo. También buscaba que los licores importados pagaran más. Ninguna de las dos cosas se ha dado. Por eso, lo que se plantea ahora es que haya una tarifa de $419 por grado alcoholimétrico para los licores de hasta 35 grados, una de $686 para los que tienen más de 35 grados, y para los vinos y bebidas espirituosas una tarifa de $382 por botella de 750 centímetros cúbicos. Un método mucho más simple, estable y equilibrado.

Este reclamo, que se viene haciendo con justicia desde hace dos años, debe ser acompañado por la fuerza parlamentaria de las regiones, de tal manera que se introduzcan las modificaciones pertinentes. La idea es que con el nuevo planteamiento los impuestos de los nacionales puedan bajar al mismo tiempo que se incrementa el de los licores importados. De la venta de los licores nacionales dependen cientos de puestos de trabajo y recaudos para sostener programas de impacto social.

Otro riesgo es que, con esas altas tarifas, se fomenta la aparición de alambiques ilegales en los que se adulteran los licores, con efectos negativos para la salud de los consumidores. La afectación en el caso del departamento de Caldas es por partida doble, ya que no solo se disminuyen los ingresos de la ILC sino las rentas departamentales. Para nuestro caso es urgente que haya una modificación y que a partir del 2020 se tengan reglas de juego más sensatas, porque inclusive el modelo actual también viene fomentando el contrabando que nos afecta a todos.