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La extinción de dominio es una herramienta para perseguir los bienes a los que se han hecho diferentes personas producto de su actuar ilícito, no solo de los narcotraficantes como a veces se cree. Es una herramienta que busca golpear a los criminales en donde más les duele, en su bolsillo, al apartarlos de la administración de sus propiedades. El problema con esto es que el Estado ha sido pésimo administrador, en términos generales, de estos bienes y en ocasiones terminan perdiéndose o incluso regresándolos y pagando indemnizaciones por no administrarlos bien. Una muestra de ello es la hacienda Potrerillo, en el Kilómetro 41 de Manizales, que hoy es una invasión y poco o nada se hizo para recuperarla.
Hoy en día, la encargada de estos bienes es la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que terminó reemplazando a las antecesoras que incumplieron con el papel para el que habían sido creadas y terminaron liquidadas, en busca de lograr el mejor resultado con estos bienes, pues no se trata solo de apartarlos del mercado para que dejen de aportarles a las manos de los delincuentes, sino también de sacarles el mayor provecho y que rinda tributos para su mantenimiento y para dejarle beneficios al Estado mismo, que es en lo que más se ha fallado.
La SAE tiene registrados entre los bienes que administra 540 de Caldas, en 21 de los 27 municipios, muchos de ellos rurales, que obedecen algunos a fincas que se prestaron para la siembra de cultivos ilícitos, lo que ha afectado a campesinos que en su época fueron obligados a sembrar por los grupos armados. Este asunto se viene resolviendo con el fin de que no paguen justos por pecadores. Que solo caiga el peso de la ley sobre quienes cometieron este ilícito con dolo.
La SAE insiste en que está corrigiendo los errores que se cometieron en el pasado y que muchos de estos bienes a su cargo los puede dar en arrendamiento, lo que sirve para mantenerlos en las mejores condiciones, pues el deterioro de propiedades desocupadas es mucho mayor. Además, de esta manera se logran ingresos que pueden reinvertirse. Claro, se debe tener en cuenta que de los recursos obtenidos por venta o arriendo de estos activos, después de gastos, el 40% pasa al Ministerio de Hacienda, el 10% va para la Policía Judicial, el 25% para la Fiscalía y el otro 25% para la Rama Judicial. Es otro ingreso para las finanzas del Estado.

Retirarles los bienes a quienes los adquieren de manera ilícita o con dineros mal habidos es también una forma de disuadir a otros de que presten sus propiedades o sus nombres para cometer tales actos. Entraña además la posibilidad de terminar en líos penales. Por eso, esta herramienta es mucho más que quitarles las propiedades a los delincuentes, es una forma de presión del Estado para advertir a las personas para que no caigan en estas prácticas. Es importante sí que los bienes que pasan a ser administrados por el Estado, temporal o definitivamente, cumplan con la función social de la propiedad y no que terminen siendo una carga, como muchos lo han sido. Hay que aprender de los buenos ejemplos en esta materia, que los hay, y replicarlos.