En una decisión que ratifica su pronunciamiento anterior, de hace unos 7 años, la Corte Constitucional manifestó su desacuerdo con el uso del glifosato para la fumigación aérea de los cultivos ilícitos en Colombia. El fallo, emitido en noviembre, pero conocido esta semana por la opinión pública, recoge las inquietudes de un grupo de ciudadanos y miembros de organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, quienes consideraron que el permiso ambiental, otorgado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), que esgrimió el gobierno para reiniciar las aspersiones no cumplía con criterios legales.
Si quiere insistir en el uso de ese herbicida, el Gobierno Nacional tiene un año para hacer las consultas pertinentes con comunidades de 14 departamentos en los que se tiene prevista la estrategia de la aspersión aérea, como lo muestra el Plan presentado por la Policía Nacional en abril del año pasado. Así las cosas, durante la actual administración del presidente Iván Duque no sería posible para el Ejecutivo retomar esa estrategia con glifosato, y deberá insistir en otras opciones para luchar contra el cultivo de la coca, principalmente.
Desde el 2015 la Corte se había pronunciado en contra de las fumigaciones, como un principio de precaución ante los posibles daños para la salud y el medioambiente. Frente a esto, en el 2017 el entonces presidente Juan Manuel Santos suspendió el uso del glifosato, en una decisión que en su momento fue celebrada por unos y fuertemente criticada por otros. Desde ese momento la lucha contra los cultivos ilícitos se concentró en la erradicación manual y voluntaria, cuyos resultados no fueron los mejores.
Lo cierto es que los cultivos ilícitos se dispararon a partir del 2017 y el actual gobierno de Iván Duque ha considerado que la mejor manera de luchar contra ese flagelo son las aspersiones aéreas con glifosato. No obstante, con la actual estrategia, que no incluye esas aspersiones, se le ha ido ganando espacio, al lograr que bajaran de 200 mil hectáreas a 143 mil en dos años, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés). 
De todos modos, para el actual Gobierno Nacional lo ideal sería poder usar el glifosato para erradicar con mayor velocidad, pero los riesgos para la salud y el medioambiente se han opuesto a que se dé ese paso, con base en información de la Organización Mundial de la Salud (OMS). De hecho, comunidades campesinas e indígenas, así como líderes ambientalistas han mostrado los perjuicios que el uso descontrolado de ese herbicida genern a la producción agrícola en general y a la salud de personas y animales.

Hay una realidad innegable, además, y es que el glifosato es una estrategia muy costosa, ya que se necesitan grandes cantidades del herbicida y numerosas horas de vuelo, entre otras, que no compensan con los resultados efectivos y los riesgos. En el marco de la actual política antidrogas lo más acertado podría ser trabajar de la mano de las comunidades para lograr el cambio de cultivos ilegales por legales, con comercialización asegurada de los productos agrícolas, estrategia que podría ser más barata, efectiva, con mejores resultados sociales y económicos para los campesinos y sin riesgos ambientales y de salud. Ojalá desde el actual gobierno se empiece a caminar por ese camino.