Ya sabemos que solo tres departamentos en Colombia no tienen sembradíos de coca, que en los últimos tres años los cultivos ilícitos de esta planta prácticamente se duplicaron, que un departamento como Nariño produce 150% más que Bolivia, y que el acuerdo de paz con las Farc puso a andar un mecanismo de erradicación manual y de sustitución de cultivos, que es bastante ambicioso con el fin de torcerle el pescuezo a la tendencia de expansión de la producción de coca en el país. Para eso es importante el apoyo de la comunidad internacional y de ahí que sorprendiera la reacción del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que en sus ya acostumbrados desafueros amenazó con descertificar a nuestro país por los malos resultados en este asunto.
La guerra contra las drogas que surgió en el gobierno del presidente Richard Nixon siempre se ha jugado en el lado de la cancha de los países productores, sin que los consumidores asuman el papel que les corresponde por la creciente demanda, sin la cual no habría oferta o sería reducida. No obstante, el programa del Gobierno colombiano ha beneficiado ya a 180 mil familias para que sustituyan los cultivos y esto tiene que estar acompañado no solo de la dignificación de los campesinos, con la garantía de compra de sus productos y el incentivo para que valga la pena sembrar cosas diferentes, sino también con la aplicación de la ley cuando las personas insistan en mantener sembrada la mata, a pesar de las advertencias.
Las paradojas de la bravuconada del presidente estadounidense pasan por expresarlas en un momento en que en su país se abren cada vez más estados a la venta libre de estupefacientes como la marihuana, lo cual supone un doble discurso. Bien lo manifestó el ministro de Defensa de Colombia, que fue además embajador en los Estados Unidos, que para solucionar este problema funcionaría más si se ejercieran controles efectivos en las fronteras de ese gran país y así impedir el paso del alcaloide. De esta manera desincentivaría su producción en nuestras empobrecidas naciones.
Caldas es hoy una región libre de coca, en donde hace años hubo cultivos, pero la gente prefirió volver a incierta producción de café y de plátano, de aguacate, a la ganadería, porque aquí hay una cultura de la legalidad que llevó a las familias a que una vez idas las Farc del territorio buscaran recuperar su tranquilidad y saben que los cultivos ilícitos pueden traer bonanza económica, pero zozobra en otros aspectos. Sin embargo, nada que llegan las grandes inversiones de apoyo social a los campesinos. Nuestras vías siguen siendo terrenos deleznables que obligan a un sobrecosto de producción por el transporte de la carga o de la mano de obra. Sin inversión en nuestro campo será difícil lograr un cambio.

Peca también el presidente Trump al amenazar al principal aliado que tienen los Estados Unidos en la región y, sobre todo, en un momento en el que también se ha enfrentado a Venezuela. Es evidente que en Colombia tenemos un problema con la producción de coca, pero hay que darle una oportunidad al ambicioso plan del Gobierno. Ese plan requiere de aliados que ayuden a consolidar el regreso a la legalidad de miles de campesinos, retirarle el soporte financiero es darse un tiro en el pie.