La carta en la que el jefe del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, marcó distancia con quien fue el jefe del equipo negociador de la exguerrilla en La Habana, Iván Márquez, deja claro que hay una división interna en esa organización, en la que por fortuna una amplia mayoría está del lado de seguir trabajando en la construcción de la paz que necesita Colombia, con el compromiso de permanecer alejados de las armas que abandonaron hace cerca de tres años.
Londoño es claro al criticar la actitud de Márquez de darle la espalda a su nuevo partido y por su “extraña y peligrosa relación con su sobrino Marlon Marín”, quien hoy es el principal testigo de la justicia de los Estados Unidos en contra de Jesús Santrich, a quien la Justicia Especial para la Paz (JEP) había dejado libre, pero que a su salida de la cárcel La Picota fue capturado nuevamente por agentes del CTI de la Fiscalía para impulsar un proceso por el presunto delito de narcotráfico, y así cumplir el pedido de extradición hecho por el gobierno estadounidense.
Las palabras del jefe de las Farc deben ser analizadas a fondo y valoradas en cuanto a su significado en términos del compromiso de los desmovilizados y de la mayor parte de sus líderes para no dejarse sacar del tren de la paz, pese a las distintas amenazas de descarrilamiento que se ciernen sobre ello. Que existieran disidencias era algo previsible, que ha ocurrido en todos los procesos de paz en el mundo, y es claro que quienes no cumplan lo acordado deben ser perseguidos como delincuentes, capturados y juzgados por la ley ordinaria, sin ningún beneficio. A los que se desmovilizaron y no tienen la intención de volver a armarse hay que cumplirles lo acordado.
Márquez, el Paisa, Romaña y todos los que no sigan lo firmado en La Habana, y casos como el de Santrich, tienen que ser tratados por la justicia de manera vehemente, sin vacilaciones. Sin embargo, lo dicho por Timochenko refrenda el compromiso de la mayoría de exguerrilleros, a los cuales el Estado debería acoger de manera fraterna en el ámbito de la democracia, en lugar de excluirlos. Debería acelerarse la implementación en cuanto al desarrollo rural integral, por ejemplo, en lugar de seguir poniendo palos en la rueda con las objeciones a la JEP. 
La insistencia de Márquez en el sentido de que fue un error de las Farc haber entregado las armas, por no tener ya garantías para que se cumpla lo acordado, es un mensaje peligroso que el Gobierno Nacional debe neutralizar mostrándoles con hechos a los excombatientes que haber dejado la lucha armada fue su mejor decisión. Además, conociendo la ascendencia que los excomandantes todavía pueden tener sobre el grueso de los desmovilizados, no es sensato que en lugar de permitir el avance de la JEP se trate de entorpecerlo. 

En ese sentido es fundamental que, con cabeza fría, el gobierno del presidente Duque acoja las críticas del editorial del New York Times, donde advierte del camino equivocado que podría echar por la borda todo lo avanzado hasta ahora. Debe protegerse que una guerrilla en armas, la más antigua y destructiva de la historia del país, abandonó el conflicto y tiene la disposición de construir en lugar de seguir destruyendo. Eso es algo a lo que hay que apostarle, al mismo tiempo que se mantenga la lucha contra el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y todos los crímenes que cometen otros grupos delictivos.