El paro en la Oficina de Instrumentos Públicos, que ya completa 23 días, causa enormes perjuicios a los ciudadanos. En un momento como el actual, en el que se pretende la recuperación de la economía, afectada seriamente por las medidas restrictivas adoptadas para enfrentar la pandemia de covid-19, resulta muy perjudicial paralizar el trámite de documentos que son vitales, entre otros, para que el sector de la construcción y las compras y ventas de bienes inmuebles entre ciudadanos, que pueden representar ingresos y bienestar para muchas familias, puedan concretarse.
Se calcula que solo en la sede de Manizales hay cerca de 4 mil documentos represados, de los cuales la mitad vienen con atraso desde antes. No contar con el personal suficiente, debido a que funcionarios que se desempeñaban como calificadores y se pensionaron, pero no fueron reemplazados, es un factor que incide en esta situación.
Desde luego que un paro como el impulsado por los sindicatos de la Superintendencia de Notariado y Registro también adiciona ingredientes a este negativo coctel que nos afecta, y es eso lo que ha llevado a que trámites que hasta hace unos años tardaban tres días de un tiempo para acá necesiten un mes o más para realizarse.
Es cierto que, al tener menos personal, y a la vez ser cargados con nuevas tareas como el catastro multipropósito, la restitución de tierras, así como el control y vigilancia a las curadurías urbanas, y que entre tanto sus recursos sean los mismos establecidos en la Ley 55, inciden en el cuello de botella. Sin embargo, los ceses de actividades como el actual hacen que el panorama empeore, y si los trámites ante el Estado son lentos por naturaleza, en coyunturas como la actual la incertidumbre se incrementa y representa consecuencias en materia de inversión y ejecución de proyectos de desarrollo.
De acuerdo con cálculos de Camacol Caldas, entregados el jueves a LA PATRIA Radio por la gerenta de ese gremio, se estarían dejando de invertir unos $20 mil millones en Caldas y unos $260 mil en el país, en el sector constructor, solo desde el 28 de octubre, cuando comenzó el paro. Es algo contradictorio que no se vea voluntad desde el Gobierno nacional y desde la Superintendencia para nombrar la gente que falta en las oficinas y normalizar la atención, cuando cada año el registro de documentos públicos representa ingresos entre $1,2 billones y $1,5 billones al tesoro nacional, de los cuales unos $18 mil millones ingresan por Caldas.

Se necesita mucha sensatez en los momentos actuales y encontrar las soluciones definitivas a este problema. Hay que ser conscientes de que la sistematización que se viene implementando desde el 2014 todavía no logra ajustarse a las necesidades de los ciudadanos y que se necesita el personal completo para poder ejecutar con eficiencia las tareas, además de mejorar procedimientos como el del registro electrónico desde las notarías, para que el trabajo en las oficinas de Registro fluya más rápido. Cada día que pasa la gravedad de las consecuencias del paro se incrementa, por lo que también hacemos un llamado a los sindicatos a no ceder en sus pretensiones, sin duda justas, pero reabrir ya las operaciones mientras se acuerdan los remedios definitivos.