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Tras dos años de haber entrado en ejercicio la Justicia Especial para la Paz (JEP), que nació con el estigma de ser un órgano para brindar impunidad a los líderes de las Farc, demuestra que esas prevenciones eran infundadas y de manera rigurosa y prudente estudia actualmente los casos de 12.235 personas que se han sometido a ella y esperan decisiones del alto tribunal. Bajo el liderazgo de la jurista Patricia Linares, de manera silenciosa y profesional sus distintos miembros avanzan en el análisis de cada una de las situaciones, tomando en cuenta los 249 informes entregados por las organizaciones sociales y las entidades del Estado, con el objetivo de tener información suficiente y juzgar a los responsables de la violencia que azotó al país durante las últimas décadas.

Ya se tienen los primeros resultados, como los de las fosas comunes de Dabeiba (Antioquia), y así seguirán develándose tristes episodios de nuestra historia que más adelante podrán llevar tranquilidad a los hogares de personas desaparecidas, por ejemplo, y sanar esas viejas heridas que de continuar abiertas serían caldo de cultivo para nuevos hechos de guerra. El trabajo técnico y metodológico que se desenvuelve en los siete macrocasos que estudia la JEP debe llevar a que durante este primer semestre del 2020 haya nuevas revelaciones que aclaren oscuros episodios en los que han participado tantos actores con intereses tan distintos.

Otro hecho para destacar ocurrió justo ayer cuando unas 100 personas de comunidades indígenas fueron acreditadas en su calidad de víctimas en el caso que investiga la JEP en cuanto al conflicto armado en 17 municipios del sur del Valle y el norte del Cauca, asunto que sigue vivo y todavía sin soluciones del Estado. Así mismo, la determinación del pasado lunes de no aceptar la solicitud de sometimiento de la exfiscal Hilda Jeaneth Niño Farfán muestra la claridad que tienen los magistrados de esa jurisdicción acerca de lo que hace parte o no, de manera directa, del conflicto armado.

Los casos que hoy tramita esta justicia transicional cuentan con actas de compromiso correspondientes a 9.721 exmiembros de las Farc, 2.429 de la fuerza pública y 72 agentes del Estado, a los que se le suman algunos casos emblemáticos de otros actores de la violencia. Hay expectativa, en este aspecto, acerca de lo que le responderá la JEP al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien dijo estar dispuesto a ampliar su ofrecimiento de verdad para ingresar a esa jurisdicción. Para asuntos tan complejos, ocurridos durante cerca de medio siglo, era necesaria una instancia de justicia distinta y especializada que pudiera avanzar en soluciones, no en la creación de nuevos problemas.

El país ha ido entendiendo que más que duras penas en estos casos, que pueden resultar retaliativas, conocer la verdad de lo ocurrido puede ser más útil para superar la violencia y lograr la construcción de una paz que sea beneficiosa para todos. Lo que esperamos ahora los colombianos es que se empiecen a conocer las sentencias de quienes desde un comienzo ingresaron a esa instancia judicial, donde tendrán que entregar verdad, reparación y compromiso de no repetición. Si cada actor de la violencia en el país cumpliera con esto sería posible pensar en un futuro de Colombia en plena paz, como debe ser.

Desde luego que la JEP ha tenido baches como lo ocurrido alrededor del caso Santrich o del fiscal Bermeo, pero esas situaciones la comprometen solo en parte, y terminan siendo asuntos menores frente a lo que pueden significar sus resultados en el mediano y largo plazo. Durante el 2019 esa jurisdicción tomó 16.500 decisiones judiciales, realizó 82 audiencias, 256 versiones presenciales y 43 escritas, lo que debe traducirse este año en sentencias que empiecen a hacer justicia.