La evidencia más palpable del descontrol que se tiene en Colombia alrededor de la minería ilegal puede observarse en el lamentable hecho en el que murieron el pasado lunes tres personas (entre ellas dos hermanos) en la mina La Titina, ubicada entre el municipio de Anserma y el corregimiento de Arauca (Palestina). 40 días antes siete mineros vivieron en ese mismo lugar una complicada emergencia por saturación de gases, sus vidas estuvieron en riesgo. Pese a estar claro desde hace mucho tiempo que allí se practica minería ilegal, ninguna instancia del Estado tomó medidas para evitar tragedias como la registrada.
En lo que va del 2017 un total de 9 mineros han muerto ejerciendo esta actividad en Caldas, gran parte de ellos en minas ilegales. Pese a todos los accidentes en socavones que cobran muertes en el departamento (en el 2015 fueron 30 fallecidos), no se toman medidas serias que cierren cualquier posibilidad de nuevas emergencias. Este oficio se vuelve cada vez más peligroso, mientras que gobernantes que deberían actuar se muestran timoratos y no hacen nada para frenar esta actividad criminal. Valga decir que las autoridades municipales, departamentales y de la Agencia Nacional de Minas evidencian gran pasividad en los controles.
Sorprende que a quienes ejercen la minería de manera legal, y tienen el propósito de formalizar empleos en esa labor se les ponen toda clase de trabas y se les limita en asuntos ambientales y técnicos, mientras que a quienes llevan a cientos de operarios a verdaderas trampas de muerte no se les exige la mínima seguridad industrial. Así es como ocurren casos como los de la Titina. Se aprovechan de la necesidad de muchos para llevarlos a trabajar en condiciones extremas, sin las más mínimas condiciones de seguridad.
Colombia tiene que avanzar en serio en la modernización y formalización de la minería, y eso implica una lucha sin cuartel contra quienes no solo la ejercen de manera ilegal, sino que contaminan el ambiente y causan enormes daños sociales y económicos en todo el país. Lamentablemente Caldas no está libre de este grave problema, que debería tomarse por los cuernos y resolverlo de manera rápida y contundente. En este marco, los mineros artesanales deben ser acompañados por el Estado para que se mantengan en la actividad, pero cumpliendo protocolos de seguridad y de buenas prácticas. También hay que apoyar la minería formal y tecnificada, sin importar que haya en ello inversión extranjera.
Si echamos mano del estudio que hizo el año pasado la Universidad Externado de Colombia, para celebrar sus 130 años, resulta claro que en nuestro país la minería ilegal representa el 60% de las operaciones de ese sector, y lo peor es que en numerosas prácticas no solo mueren a diario quienes ejercen este oficio, sino que se usan materiales como el mercurio, en el cual ocupamos el deshonroso primer lugar en Latinoamérica, con una emisión cercana a 180 toneladas anuales de ese elemento tóxico. Se necesita mayor firmeza para lograr que ese sector de la economía no sea fuente de malas noticias, sino por el contrario, que sea fuente de recursos para el desarrollo de Colombia.

Ante el clamor por una mayor presencia del Estado en estos controles urgentes, no se ve la voluntad para que ello ocurra. No se necesita renunciar a explotar las riquezas del subsuelo, pero sí hay que frenar en forma definitiva la ilegalidad minera que mata a sus operarios, y que además se lleva además importantes recursos que deberían alimentar el fisco. De hecho, hoy apenas ingresan al Presupuesto $1,7 billones por la minería, cuando podría llegarse a los $3 billones si todo se hiciera de manera legal.