Decisión esperada, pero inoportuna

Como muchas veces se especuló que ocurriría, el pasado jueves el gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tomó la determinación de inculpar oficialmente al dictador venezolano Nicolás Maduro por narcoterrorismo y corrupción, y hasta ofreció una recompensa de 15 millones de dólares a cualquier persona que tenga información que permita su arresto, un episodio parecido al del expresidente panameño Manuel Antonio Noriega en 1989, cuando fue capturado en su propio país y llevado a pagar por delitos en cárceles estadounidenses.
Así las cosas, la justicia del país norteamericano lleva ya al líder chavista un juicio formal por cargos concretos, en los que también resultan comprometidos otros dirigentes del partido de gobierno, entre ellos Diosdado Cabello, Tareck Zaidan el Aissami y otros miembros de la cúpula chavista, como varios generales que haría parte del llamado Cartel de los Soles. Este argumento concreto debería agilizar la salida de Maduro y de sus cómplices del gobierno, y comenzar un proceso de transición hacia el regreso a la democracia, pero también puede ser la profundización de un conflicto perjudicial para Colombia.
En la historia de los Estados Unidos esta es la tercera recompensa más alta que se ofrece para incitar a una captura internacional. La más alta fue la ofrecida en su momento por el terrorista Osama Bin Laden (25 millones de dólares), responsable del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, en el 2001. Bin Laden cayó abatido en mayo del 2011 en Pakistán. El otro caso es el del egipcio Ayman al-Zawahiri, actual jefe del grupo yihadista Al Qaeda. Ni por el Chapo Guzmán ni por los líderes del Estado Islámico se hizo un ofrecimiento tan elevado.
En la misma decisión que afecta a Maduro fueron incluidos los colombianos Luciano Marín, alias Iván Márquez, y Seuxis Paucias Hernández, alias Jesús Santrich, quienes pese a su desmovilización de las Farc continuaron delinquiendo y ahora están en la clandestinidad. Los exguerrilleros serían socios de Maduro y la cúpula chavista en el envío a los Estados Unidos de cocaína desde Venezuela, con puntos de trasbordo en el Caribe y Centroamérica. “Maduro usó muy deliberadamente la cocaína como un arma”, dijo el fiscal federal Geoffrey Berman. El Departamento de Estado calcula que 250 toneladas de cocaína transitaron por Venezuela anualmente.
Aunque esta determinación no tiene por qué sorprender, sí resulta bastante inoportuna en un momento en el que el mundo lucha contra el coronavirus y Colombia está expuesta a las consecuencias de una frontera bastante porosa con Venezuela, país en el que la debilidad institucional de la salud es peor que la nuestra, lo que podría terminar dañando los grandes esfuerzos que estamos haciendo los colombianos para contener los contagios del Covid-19. Sin duda, lo ideal en estos momentos era llegar a acuerdos mínimos entre los dos países para trabajar en equipo en el control de este problema de salud pública, pero con las nuevas circunstancias no será fácil alcanzar dicha colaboración.

Ojalá que el trabajo que viene haciendo Colombia de la mano de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para compartir información epidemiológica frente a Venezuela y ejercer controles en la frontera surtan efectos positivos, y que la inoportuna decisión estadounidense no nos perjudique en forma grave. De hecho, lo que esperamos, ante la realidad de la masiva migración de ciudadanos venezolanos hacia nuestro país, es que la Comunidad Internacional se comprometa no solo a capturar a Maduro y su séquito de delincuentes, sino a evitar que se agrave la emergencia humanitaria que ya se vivía en la frontera antes del coronavirus. La prioridad en este caso, para Colombia, debe ser salvar vidas y proteger la salud, por lo que hay que seguir buscando que la OPS pueda hacer su trabajo en ambos países.