Se realizó con éxito en Manizales el XX Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria, liderado por la Corte Suprema de Justicia, y en el que además de asuntos rutinarios de la Rama Judicial también se reflexionó acerca de los graves problemas de corrupción que aquejan a ese importante poder público, que lo tienen sumido en una crisis que incluso el propio presidente de esa corte, el caldense Rigoberto Echeverri Bueno, calificó como la más grave en toda la historia. Eso ha implicado que “todo el prestigio ganado en un siglo se ha perdido frente al país”, expresó. La imagen y la credibilidad de ese tribunal, así como de las demás cortes, se encuentran deterioradas y es importante hallar caminos que conduzcan a soluciones de fondo.
En medio de semejante caos resulta esperanzador que los presidentes de las cortes, y en general toda la cúpula del poder judicial, manifiesten que están dispuestos a impulsar reformas en su interior que apunten a blindar esos organismos de hechos tan bochornosos como los que hemos conocido y que involucran, entre otros, a expresidentes de la Corte Suprema y a varios congresistas. Todo indica, además, que si estamos atónitos con lo que ha salido a la luz pública, todavía queda campo para la sorpresa con las revelaciones que vienen, después de la entrega del parlamentario cordobés Musa Besaile, y la información que sigue entregando el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons a la DEA de los Estados Unidos.
En ese sentido es importante que los actuales miembros de la Corte Suprema estén comprometidos con las investigaciones necesarias y que se esté actuando de manera rápida. Lo que menos conviene en un momento como este es que haya dilaciones y la sensación de que algo se quisiera tapar, cuando el país está ávido de conocer a fondo lo que ha pasado y que los responsables de los escándalos de corrupción reciban los castigos que dicta la ley. Si se observa honestidad y seriedad desde los altos cargos de las cortes actuales será posible creer en que pueden liderar una buena reforma de la justicia que no solo ataque la corrupción rampante que hemos visto, sino que la acerque más al ciudadano y la haga más eficiente.
Sería conveniente que la cúpula del poder judicial reflexionara acerca de su oposición a la implementación de un tribunal de aforados, cuando la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes ha demostrado su poca efectividad para juzgar casos en los que se encuentran comprometidos altos funcionarios. En ese mismo sentido es fundamental que las cortes estén abiertas a eliminar todo lo que tiene que ver con las funciones electorales y con esa puerta giratoria del “yo te elijo, tú me eliges” que tanto daño ha hecho en el pasado, así como los demás escenarios que permitieron la politización de la justicia y el desafortunado ingreso de la corrupción.
Como lo reconoce el propio presidente de la Corte Suprema, la justicia está hoy más vulnerable que nunca y tiene un reto fundamental cuando estamos en la etapa previa de unas elecciones de Congreso y Presidencia. Por lo mismo no hay que darle largas al proceso de cambio que es necesario implementar y pasar rápido de las palabras a los hechos; el único camino para que la justicia recupere su majestad y respeto es que se reforme de una manera seria, adoptando todas las medidas que blinden a sus funcionarios de hechos tan nefastos como los conocidos. Para mantener la independencia y autonomía que piden los magistrados, pero al mismo tiempo volver a ser creíble, debe haber un afán de cambio que demuestre el compromiso de depurar la justicia.
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