Corrupción de alto nivel

Pese a que recientemente el gobierno del presidente Iván Duque impulsó una importante iniciativa en la lucha contra la corrupción, con la que pretende mostrar su compromiso en ese importante asunto, lo ocurrido en la propia Casa de Nariño, donde Andrés Mayorquín, asesor de máxima confianza de María Paula Correa, jefa de gabinete y "mano derecha" del Jefe de Estado, parece echar todas esas intenciones por la borda.
Los 24 contratos de Karen Vaquiro, esposa de Mayorquín, con entidades del Estado, y las maneras como los habría obtenido configuran una trama que debió ser detectada a tiempo por sus jefes, pero que infortunadamente solo generó medidas en el Gobierno luego de que Blu Radio relevó esa historia, de manera parecida a como se pudo conocer el otro gran escándalo de los $70 mil millones embolatados en el programa de Centros Poblados, que obligó a la salida de Karen Abudinen, entonces ministra de las TIC. En este último caso fue La W la que aportó las evidencias.
El recorrido profesional de Mayorquín evidencia las grandes cercanías con el presidente Duque y toda la cúpula del Centro Democrático, razones que llevaron a decir a su jefa, Correa, que había sido asaltada en su buena fe. Aunque apenas salió a la luz pública el escándalo, el entonces asesor fue apartado del cargo que venía desempeñando, se espera que los hechos se investiguen a fondo y sean sancionados en la medida en que las normas lo permitan. Ahora bien, este hecho demuestra que más que buenas intenciones de lucha contra la corrupción es necesario establecer iniciativas que conduzcan a evitar que hechos como estos puedan repetirse.
Las funciones que desempeñaba Mayorquín le permitía hacer seguimiento a los proyectos de ley de iniciativa gubernamental, y relacionarse de manera directa con diversas entidades del Gobierno Nacional en asuntos legislativos, lo que le ayudó a lograr jugosos beneficios económicos, a través de su esposa, quien en 19 meses firmó contratos por $1.245 millones. La trampa era tan evidente que, para no despertar sospechas, Vaquiro llegó a negar su relación con Mayorquín para poder acceder a contratos en el propio Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).  
Ya la Red de Veedurías instauró una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por la comisión de los presuntos delitos de concierto para delinquir, tráfico de influencias y falsedad, entre otros que habría cometido la pareja de esposos. Ojalá que la Fiscalía haga su trabajo y logre establecer con claridad las posibles imputaciones en contra de Mayorquín y Vaquiro, y que la justicia actúe y los juzgue, como es debido; pero también es necesario que el Gobierno Nacional también demuestre con hechos que este tipo de situaciones no son toleradas.

Es importante, además, que la Contraloría General de la República indague profundamente esos contratos, ya que resulta evidente que en cada una de las entidades comprometidas deben existir involucrados, que aprobaron la entrega de esos contratos de manera amañada. En la Agencia Nacional de Tierras, el Departamento de Prosperidad Social y en el propio Dapre debe seguirse el rastro de todas las irregularidades y posibles delitos que se cometieron.