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Vicios de forma, que son consecuencia de las carreras y el desorden con que el Congreso de la República aprobó la reforma tributaria a finales del año pasado, hicieron que la Corte Constitucional decidiera tumbarla, lo que podría poner en aprietos presupuestales al Gobierno Nacional. No obstante, de manera sensata, el alto tribunal les dio un tiempo prudencial al Ejecutivo y al Legislativo para que vuelvan a debatir el tema y aprueben el paquete de medidas tributarias que se necesitan para financiar los distintos programas y proyectos contenidos en el Plan de Desarrollo. Para el 1 de enero del 2020 debe tenerse lista la nueva norma; de lo contrario habrá un gran hueco fiscal, cercano a los $7 billones.
Las 24 demandas que fueron presentadas ante la Corte Constitucional contra la llamada Ley de Financiamiento llevaron a que ese organismo judicial debatiera los argumentos de los demandantes y que la mayoría de los magistrados consideraran las fallas del trámite como razones para declararla inexequible. El hecho de que la plenaria de la Cámara de Representantes haya aprobado una ponencia que el Senado aún no había remitido con sus ajustes fue argumento de peso para establecer que no hubo el debido debate y se incumplieron los parámetros legales para este tipo de procesos en el Congreso. "Se violó el principio democrático, en tanto no se dio una deliberación racional de la ley, no se respetó el pluralismo ni los derechos de las minorías y no se garantizó el control ciudadano", argumentó la Corte.
El balón queda en manos del Gobierno, que deberá presentar un nuevo proyecto que, en nuestro concepto, debe coincidir plenamente con lo acordado el año pasado, y que recibió el visto bueno de los gremios económicos y de las mayorías legislativas. Introducir otros asuntos, por muy creativos que parezcan, solo generaría nuevos desgastes innecesarios y pondrían en riesgo la posibilidad de que el año entrante el rumbo esté corregido. Si el vicio por el que se cayó la ley fue de forma y no de fondo no hay motivo para que cambie el contenido, y más bien habrá que ser más cuidadosos en el trámite, aprendiendo de los errores y no dejando las discusiones importantes para última hora.
Más que quejarse de los posibles efectos del fallo, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, tiene que ponerse en la tarea de evitar ese "impacto irreparable" del que habla con respecto a los inversionistas que se buscan para generar nuevos puestos de trabajo y luchar contra el desempleo, al mismo tiempo que se garantice el crecimiento económico que tanto se requiere. La iniciativa debe llegar con mensaje de urgencia al Congreso y que la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, se ponga al frente de impulsarla ante las diferentes bancadas, sin permitir que se aproveche para hacer manipulaciones o para que aparezcan micos que desvíen el objetivo original del proyecto declarado hoy inexequible.

La aprobación en el Congreso el pasado miércoles del Presupuesto del 2020 por $271,7 billones obliga a que Legislativo y Ejecutivo trabajen de la mano en corregir errores y darle la seguridad al país de que todo lo previsto podrá concretarse. En el caso de Caldas sería lamentable que los recursos prometidos para el Aeropuerto del Café no llegaran, bajo el argumento de que el hueco fiscal no lo permite. Hay que sacar adelante con rapidez esa reforma, que también genera grandes expectativas en materia de formalización laboral e impulso al emprendimiento empresarial y a la economía naranja.