Contralorías, una oportunidad desperdiciada

Lo que iba a ser una reingeniería al sistema de control fiscal en Colombia terminó haciendo unos cuantos cambios, que reviven con modificaciones el peligroso control previo y no fue capaz de abordar los verdaderos problemas de estos organismos como la duplicidad de competencias, la burocracia y la politiquería que las rodea. Además, tampoco les dio dientes suficientes para lograr la recuperación del erario, que debería ser la razón por la cual existen. Mejor dicho se cambió para seguir igual.
El proyecto de reforma constitucional que promovió el contralor General de la República, Felipe Córdoba, pasó sin contratiempos en el Congreso y se transó en su idea inicial de terminar con las contralorías regionales y dejar solo un gran organismo nacional. Se mantendrán todas estas entidades municipales, departamentales y nacional, que tienen el problema de que son independientes entre ellas, es decir, sin que la una sea superior jerárquica de la otra, lo que genera las bicefalias y, a veces, la oportunidad para no asumir las responsabilidades que le corresponden a cada una.
Aunque el contralor ha sido claro en que el poder advertir de posibles contratos no será el regreso del control previo que terminaba en coadministración y provocó serios problemas de corrupción en otra época, al punto que desde los años 70 y 80 varios contralores terminaron juzgados por sus comportamientos non sanctos. Dice que solo se trata de que podrá advertirse de los riesgos de un contrato y nada más, entonces tampoco tendrá los dientes que se necesitan para cuidar el presupuesto público, tan afectado por los problemas de corrupción o de mala planeación de la contratación.
Entre las nuevas competencias de los contralores estará la de suspender a funcionarios, lo que le da un poder muy importante y los pone en el mismo nivel de la Procuraduría. Se trata de un poder que tiene que tomarse con beneficio de inventario para no cometer excesos. También se aprobó la multiplicación de la nómina en la Contraloría, y esto debió haberse condicionado a resultados, a recuperación de dineros, pero quedó como cheque en blanco, será más oneroso para el Estado y dará más poder político a quien ejerza esa función.

Nada se habló de la necesidad de unificar los controles que tienen los servidores públicos, que provocan una cantidad de investigaciones repetidas, de recursos desperdiciados porque cada entidad lo hace por su parte, de fallos contradictorios que generan preocupación en los ciudadanos. Esos eran elementos que debieron tenerse en cuento y no se hizo. Y como si fuera poco, la capacidad nominadora seguirá en cabeza de concejos y asambleas, con lo cual tampoco se modernizó siquiera el proceso de selección. Es una lástima que se reforme la constitución para asuntos que no tocan el fondo de los problemas de las instituciones, sino que pueden agudizarlos. Ojalá seamos nosotros los equivocados, pero parece que estos cambios difícilmente redundarán en algo distinto a lo que se tiene hoy, más allá de darles más poder a quienes ocupen el cargo de contralor, que seguramente usarán para su futuro político.