En septiembre pasado los caldenses recobramos el optimismo alrededor de Aerocafé del que se habla desde hace cerca de cuatro décadas sin que se logren resultados palpables. Ya posesionado el presidente Iván Duque, con presencia de líderes de Caldas en Bogotá, el Gobierno Nacional comprometió un aporte de $100 mil millones para este año. Hace cerca de tres meses, en un taller Construyendo País en Manizales encabezado por el mandatario, no solo se ratificó la promesa sino que se aseguró que otros $220 mil millones llegarían para ser ejecutados en el 2020 y 2021, porque la idea de Duque es ser el presidente que aterrice en Aerocafé antes de que concluya su mandato en agosto del 2022.
No obstante, ese optimismo se ha ido desinflando, y como bien lo advierte el alcalde de Manizales, Octavio Cardona, el tiempo para que la primera partida pueda ejecutarse este año está a punto de agotarse. Las buenas intenciones y voluntades expresadas por el Ejecutivo Nacional parecen quedarse en ello, cuando la necesidad imperante de la región es la concreción urgente del sueño de tener un terminal aéreo que opere con eficiencia, que no sufra las restricciones de La Nubia y que se convierta en nuevo polo de desarrollo regional que no solo beneficie a Caldas sino al Eje Cafetero y el occidente del país.
Como es necesario firmar un convenio interadministrativo como paso fundamental para asegurar la llegada del dinero, tal gestión deberá estar tramitada antes del 27 de junio, cuando empieza a regir la Ley de Garantías inherente al proceso electoral de este año. Para lograrlo es urgente tener un cierre financiero y que las instituciones involucradas venzan la tramitomanía burocrática que las caracteriza. Alcaldía y Gobernación dicen estar listas para comprometer $55 mil millones de regalías futuras, el dinero de la venta de La Nubia (que pertenece a Inficaldas) y un crédito de $15 mil millones asumido por Infimanizales. Son $121 mil millones los que aportaría la región.
Si no se pasa de la buena voluntad a la concreción de acciones antes de mitad de año solo después del 27 de octubre podrían retomarse las acciones, haciendo que la licitación de las obras se tramite solo a comienzos del 2020, lo que retrasaría demasiado el arranque de los trabajos, después de cerca de siete años de parálisis. Hay múltiples razones para pisar el acelerador. Debe lograrse en las próximas semanas el cierre financiero, la firma del convenio interadministrativo y la preparación de la licitación pública.
Sin duda es positivo que el proyecto aparezca priorizado en el Presupuesto Nacional del 2019, pero las gestiones en Planeación y el Ministerio de Hacienda antes de que empiece a regir la Ley de Garantías no se ven ágiles. Si sumamos a esto el enredo en que se encuentra la aprobación del Plan de Desarrollo en el Congreso de la República, la posibilidad de avanzar al ritmo que se necesita tiene nuevos obstáculos. Ojalá que, finalmente, el panorama se despeje y que la gran obra, prevista para ejecutarse en el municipio de Palestina, abra su horizonte lo más pronto posible.
Es urgente recuperar la confianza en el proyecto, vencer el pesimismo, que no solo se logre claridad presupuestal sino que en adelante haya gran cuidado de no recaer en nuevos errores, y menos permitir que se asome la más mínima sombra de dudas acerca de la transparencia en el manejo de los recursos. Tenemos que aspirar a que su ejecución sea referente de buen uso del dinero público, de eficiencia, seriedad técnica, resultados óptimos, rigurosidad y profesionalismo. Hay que luchar para que en el 2022 esté lista la primera etapa de 1.460 metros de pista y que sea tan exitosa su puesta en marcha que pronto logremos concretar la segunda de 2.600 metros de longitud.
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