No es serio que en el listado de bienes de las Farc, que según el acuerdo de paz tienen como destino una reparación económica para sus víctimas, se incluyan elementos sin valor como escobas, traperos, pocillos, botas, sartenes, "platicos" y exprimidores de naranja. En los 135 folios que los exguerrilleros le entregaron al Gobierno y que éste remitió a la Fiscalía General de la Nación el pasado 15 de agosto también aparecen registradas carreteras que, desde luego, no podrán convertirse en recursos líquidos para el fondo de víctimas.
La información entregada por los jefes de dicho grupo, además de contener las curiosidades anotadas, no especifica los bienes inmuebles que relaciona, según la Fiscalía. También falla al incluir el armamento entregado a las Naciones Unidas, el cual nada tiene que ver con la reparación a las víctimas. Será necesario que se aclaren muchos de estos aspectos para determinar con exactitud la cantidad de dinero que estará a disposición del fondo que servirá para compensar en forma material el dolor que sufrieron miles de personas por las acciones criminales de esa guerrilla.
Hay que reconocer que es la primera vez en la historia de los acuerdos de paz con grupos rebeldes en el mundo que, además de la entrega de cerca de 8.200 armas se obliga a los desmovilizados a reponer con bienes a las víctimas, pero eso no justifica que la Farc actúe de manera tan ligera, lo que se ha interpretado como una burla. Además, los exguerrilleros deberían ser más rigurosos con su informe, si se tiene en cuenta que dichas inconsistencias podrían convertirse en obstáculos para acudir luego a la Justicia Especial de Paz (JEP) a contar la verdad de lo sucedido en el conflicto y recibir penas sustitutas. Al responder a las críticas, voceros de esa organización dijeron que allí también están inventariados 327 kilos de oro, 20 mil cabezas de ganado, $2.500 millones y 450 mil dólares, entre otros.
Adicionalmente (en el caso de los predios y vehículos), a esos bienes no tener la identificación necesaria matrículas inmobiliarias, fichas catastrales y números de placas, como tampoco establecerse su exacta ubicación, la Fiscalía podría aplicar la extinción de dominio, lo que dejaría peor parada a las Farc. Puede tratarse de un error debido a la informalidad que han manejado en ese grupo, y a la inexperiencia en tales asuntos, pero es difícil aceptar dicha hipótesis cuando han tomado tantas precauciones en todos los aspectos que fueron negociados en La Habana.
Hay que recordar que la Fiscalía ya tiene en extinción de dominio bienes que pertenecieron a las Farc por un valor cercano a $1,7 billones, recursos que ya no podrán usarse para atender a las víctimas o para los mismos desmovilizados. Al ente investigador le espera la tarea de contrastar con mucho detalle la lista entregada por las Farc, con los bienes de ese grupo que ya están identificados, y así establecer si se ha querido esconder información. Así mismo, la comisión intersectorial que anunció el Gobierno para verificar e identificar tales bienes y asumir su custodia, debe comenzar a trabajar cuanto antes, y así lograr total claridad.
Entre los argumentos de las Farc para defender que no son tantos los bienes que posee, esgrimen que durante los cerca de dos años que ese grupo estuvo quieto, sin ejecutar secuestros, extorsiones y otros negocios ilícitos, mucho dinero se ha invertido para sostener a las cerca de 8 mil personas que ahora están en los Espacios territoriales de capacitación y reincorporación. En esto es difícil aceptar que hasta hace muy poco no hayan tenido ingresos millonarios por las actividades de narcotráfico, con las que se financiaron desde mediados de la década de los 90.
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