Cataluña, en el limbo

Es incierto el panorama futuro de Cataluña, esa próspera región autónoma del sureste de España en donde el parlamento votó ayer la independencia, pero que no ha recibido el reconocimiento de ningún país. Por el contrario, el presidente Mariano Rajoy, apoyado por el Senado y el Consejo de Ministros, puso en práctica el Artículo 155 de la Constitución de 1978 que lo autoriza para tomar el control de la región y asegurar la unidad española. Allí se habla de "adoptar las medidas necesarias" para llevar a una comunidad autónoma "al cumplimiento forzoso" de sus obligaciones. 
Desde la Unión Europea, que respalda a Rajoy, llegó de todos modos un mensaje invitando a no caer en la violencia, aludiendo a lo ocurrido el pasado 1 de octubre, cuando la actuación de la Guardia Civil y la Policía Española para parar el referendo fue desmedida. "Para la UE nada cambia. España sigue siendo nuestro único interlocutor. Espero que el Gobierno español favorezca la fuerza de los argumentos, no los argumentos de la fuerza", escribió el viernes Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, en su cuenta de Twitter, antes de que el jefe del Gobierno español se decidiera a tomar el control del gobierno catalán.
De hecho, Rajoy destituyó de manera fulminante al presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, y a su gabinete, y llamó a elecciones generales en esa autonomía para el próximo 21 de diciembre. Así, la euforia que acompañó a los independentistas en la tarde de ayer, se convirtió en un horizonte ennegrecido al caer la noche, y es muy difícil calcular lo que ocurrirá allí durante las próximas horas. La verdad es que el gobierno catalán no debió celebrar un referendo de independencia, cuando el Tribunal Constitucional español ya había dictaminado que era ilegal.
Puede ser que tengan razón en que desde Madrid no se les otorga suficiente importancia en asuntos fiscales, entre otros, y pueden ser legítimas sus aspiraciones de lograr una mayor autonomía, pero también en verdad que desde el origen del proceso independentista se pasó por encima del Estado de Derecho. El ideal era que antes de pensar en avanzar en esta locura los catalanes hubieran impulsado un diálogo con el Gobierno central para lograr que se cumplieran sus objetivos, sin traspasar las fronteras de la ley.
Hoy la realidad es bien distinta y la posibilidad de volver a la normalidad es incierta. Los radicalismos ya están activos en la sociedad catalana y no será sencillo, ni pacífico que Rajoy asuma el control de la administración pública, la policía y los medios públicos catalanes. Ojalá que pueda llegarse a un punto de diálogo que evitaría la violencia y podría garantizar que Cataluña se mantenga en España. En dicha instancia podría ser útil que el Gobierno Español considere la intervención de la Unión Europea en calidad de intermediario, de tal forma que el plan de hacer elecciones en diciembre se cumpla en un ambiente tranquilo que fortalezca la democracia.

Era necesario que ante la acción del parlamento catalán se tomaran medidas desde Madrid, principalmente porque no pueden dejarse prosperar esas peligrosas ideas nacionalistas que fueron la semilla de las grandes guerras del siglo pasado. En ese sentido, Rajoy debe recibir el pleno respaldo internacional, ya que sería un pésimo ejemplo para el mundo que estos sentimientos chovinistas salidos de cauce salgan triunfantes. Si bien se trata de un asunto interno de España, el mundo no puede quedarse como mero observador; hay que actuar para que el conflicto se resuelva pronto y sin violencias.