Cambios en el Mindefensa

La renuncia de Guillermo Botero al Ministerio de Defensa, luego de evidenciar que la moción de censura que se votaría el próximo miércoles en el Senado, lo dejaría por fuera del cargo, le plantea un desafío de alto calado al presidente Iván Duque. Esto ocurre en el momento en el que su popularidad está en su peor calificación, con una aprobación de solo el 26%, de acuerdo con una encuesta de Gallup Poll. El mandatario no puede equivocarse en la escogencia del sucesor del saliente ministro; lo primero es que quien llegue no sea para nada parecido a Botero, quien durante los 15 meses que estuvo en el cargo cometió numerosos errores.
Son ejemplos de esas equivocaciones sus versiones contradictorias en el caso del asesinato del exguerrillero Dimar Torres, el desacertado manejo del orden público en el departamento del Cauca donde regresaron las masacres, las graves revelaciones de corrupción en el interior de las Fuerzas Militares, la directiva que pudo fomentar los "falsos positivos" en el país, además de numerosas declaraciones destempladas frente a los líderes sociales y ante las numerosas críticas que le hizo a su gestión. Tampoco pudo controlar las acciones de los grupos armados ilegales, que parecen crecer en lugar de disminuir, y fueron mínimos sus logros con los cultivos ilícitos, para cuya lucha Botero solo veía la fórmula de glifosato. 
Ahora bien, las revelaciones acerca de la muerte de ocho menores de edad durante un bombardeo del Ejército en contra de alias Gildardo Cucho, de las disidencias de las Farc, fue la gota que derramó la copa. Tratar de justificar el ocultamiento de esos hechos a los colombianos, asegurando que fue una operación rigurosa y pulcra enmarcada en el Derecho Internacional Humanitario (DIH), llevó a que numerosos congresistas que antes lo defendían le quitaran su respaldo.
Hay evidencias de que la Defensoría del Pueblo y la Personería de Puerto Rico (Caquetá) ya habían lanzado una alerta temprana, desde enero de este año, acerca del reclutamiento de menores de edad en la zona del bombardeo. Sin embargo, bajo el supuesto de que esa información no hubiese llegado al despacho de Botero, el funcionario sí debió actuar de manera diferente: cuando se enteró de que entre las bajas había 8 adolescentes tuvo que habérselo contado al país, debió denunciar abiertamente el abuso execrable de los grupos armados ilegales que se llevan, gran parte de las veces a la fuerza, a niños y jóvenes a sus filas. No haberlo hecho y justificarlo lo dejó sin más opción que su salida.
Surgen ahora posibles nombres para su reemplazo. Se habla del exprecandidato presidencial Rafael Nieto, pero sus infortunadas declaraciones, muy parecidas a las de Botero, no deberían darle espacio a su llegada. Otro nombre es el de Jorge Enrique Bedoya, actual presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC). También está Rafael Guarín, quien es consejero presidencial. Como sea, el presidente Duque debe hacer una lectura acertada de lo que necesita Colombia en materia de seguridad: además de impulsar un ataque decidido contras las organizaciones criminales que vienen ganando espacio, está la obligación de garantizar la protección de los derechos humanos.

Adicionalmente, frente a los reclutamientos de menores por esas organizaciones armadas ilegales, debe existir una política clara de prevención, que evite que los niños sean sonsacados de las familias, generalmente campesinas y pobres, por los criminales. Es evidente que el Estado no les está brindado oportunidades que los alejen de la delincuencia, que les abra caminos posibles en la legalidad con reales opciones de crecer como personas y no hay soluciones concretas que los ayuden a salir del entorno de violencia, para construir una mejorar la calidad de vida de sus comunidades.