Fecha Publicación - Hora

Desde el pasado fin de semana llegó a Colombia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el propósito de verificar las posibles violaciones a estos derechos que se han cometido en el desarrollo del paro nacional. Luego de reunirse con los representantes del Gobierno, que entregaron su versión de los hechos, los miembros de esa organización han tenido la oportunidad de encontrarse con representantes de diversas organizaciones que les han presentado informes relacionados con presuntos excesos de la Fuerza Pública y actos criminales de civiles.
Sin duda que hay casos de agentes de la Policía que se salieron de control y atacaron con violencia a ciudadanos que participaban en las protestas. La Fiscalía habla de, al menos, 20 muertes en medio de las manifestaciones, en las que habrían estado involucrados miembros de la institución policial. También se habla de una cantidad indeterminada de desaparecidos y de algunos casos de violencia sexual contra mujeres que participaban en las marchas. Son casos que deberán analizarse por la CIDH y observar todo el contexto en el que se han dado, en el que también han sido agredidos miembros de la Fuerza Pública, e incluso dos murieron y otros más han sido torturados.
De igual manera, se han dado situaciones en las que civiles han actuado en contra de otros civiles, que deberán ser estudiadas por los miembros de esa comisión. Además de disparos de armas de fuego en las protestas, han ocurrido toda clase de saqueos y vandalismos que han afectado bienes públicos y a pequeños comerciantes y conjuntos residenciales, entre otros. Un impacto muy negativo se ha dado en los bloqueos de vías, que han tenido nefastas consecuencias económicas, sociales y de salud para muchos colombianos. Los derechos humanos en Colombia se han visto afectados seriamente de distintas maneras.
Ante tanta información, proveniente de múltiples fuentes, muchas de ellas con el propósito de manipular, la comisión debe actuar de manera muy ecuánime, sin dejarse llevar por sesgos de ninguna clase y entregar un análisis muy objetivo de lo que está pasando. Esa información, más la que reúnan los entes de investigación colombianos, debe servir para que más adelante haya procesos consistentes en contra de los autores intelectuales y materiales de los crímenes cometidos, y que se les pueda castigar en el marco de las leyes colombianas.
En el caso de la Policía, el Gobierno anunció que en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la República, el 20 de julio, presentará un proyecto con el que busca reformar la institución policial. Con ellos se buscaría una mayor comprensión de los derechos humanos y su respeto por la Fuerza Pública. Ese puede ser un buen comienzo, aunque desde distintos sectores la idea ha sufrido críticas, las cuales coinciden en que los cambios planteados son predominantemente cosméticos, no de fondo, y que el mensaje dado al país con esa propuesta es errado. Como sea, la intención de reforma hay que valorarla de manera positiva y velar para que sea de fondo, no solo un cambio de uniforme.
Ante tanta información, proveniente de múltiples fuentes, muchas de ellas con el propósito de manipular, la comisión debe actuar de manera muy ecuánime.