Se ha vuelto costumbre en nuestro entorno que el solo hecho de informar con la intención de mostrar de manera imparcial los hechos resulta incómodo para todos aquellos que quisieran imponer como verdad irrebatible sus propios puntos de vista, y hasta sus noticias falsas. Por esta razón, la labor periodística que busca entregar información veraz desde el lugar de la noticia sin sesgos termina en nuestro país fácilmente amenazada por representantes de quienes tienen percepciones radicales sobre diversos asuntos. Desde donde se le mire, el periodista es visto muchas veces como un enemigo al que hay que sacar del camino.

En Colombia no es nuevo que esto pase. De hecho viene ocurriendo desde que el teniente Jesús María Cortés Poveda asesinó de dos balazos en Manizales, hace ya 83 años, al periodista Eudoro Galarza Ossa, porque no le gustó la denuncia que publicó. Durante las semanas recientes hemos visto agresiones a los periodistas que cubren el paro nacional, en las que están comprometidos agentes de la Fuerza Pública, pero también civiles que rechazan o que apoyan las marchas. El esfuerzo de mostrar todo lo que pasa en los hechos violentos que han surgido en medio de esas protestas ha resultado costoso para muchos comunicadores.

Por esta razón, el Proyecto Antonio Nariño (PAN), del que hacen parte organizaciones como la Asociación Colombiana de Medios de Información (Ami), la Fundación Gabo, Consejo de Redacción y la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), entre otras, emitieron un comunicado en el que condenan las violaciones al derecho de información y señalan que “el periodo de protestas que atraviesa el país ha sido también el mes más violento contra la prensa en la últimas décadas en Colombia”. De hecho, hay reportes de 236 periodistas que fueron agredidos durante las primeras cinco semanas del paro.

El comunicado insiste en la necesidad de proteger a los medios, como elementos esenciales de la democracia y el respeto de su pluralidad con respecto a sus registros, análisis y opiniones, sin que puedan ser coartados o estigmatizados. “Por ello vemos con mucha preocupación la escalada de violencia, el ambiente hostil y agresiones generalizadas contra medios y periodistas”, expresa el documento. Según la Flip las violaciones en contra de los comunicadores han sido cometidas en un 54,1% por la Fuerza Pública, 31,6% por particulares, 10,8% por desconocidos y 4% por funcionarios públicos.

Es necesario pedir a la ciudadanía, pero especialmente al Gobierno Nacional y a todos los agentes del Estado en sus diferentes instancias acciones contundentes en la defensa y respeto de los medios y los periodistas, quienes deben poder actuar libremente y sin riesgos en su oficio. Como medio de comunicación, LA PATRIA también exige que sus periodistas no sean sujetos de intimidaciones de ningún tipo y desde ninguno de los sectores involucrados en las protestas y su control.

La libertad de informarse y de informar, tomando en cuenta todas las voces y opiniones de lo que ocurre, tienen que ser consideradas esenciales en la democracia. Aunque nuestros periodistas no han sido víctimas de ultrajes directos, otros colegas en Colombia han padecido lesiones físicas graves, amenazas, censura, obstrucción para hacer su trabajo, robo de material y hostigamientos, lo cual rechazamos de manera enérgica.