El pasado lunes los familiares de las víctimas de la masacre del 2 de mayo del 2002 en Bojayá (Chocó) recibieron 72 cuerpos identificados de sus seres queridos, así como otros sin identificar, para un total de 99 cofres con despojos mortales. Es triste recordar que después de la matanza los cuerpos fueron enterrados en fosas comunes, trasladados luego al cementerio de manera desordenada, mezclados, sin que ninguna entidad del Estado se encargara de exhumarlos e identificarlos. Pasaron los años sin avanzar en el proceso de reconocimiento hasta que por fin, en el gobierno pasado, Medicina Legal comenzó esa tarea que concluyó recientemente, gracias a nuevas técnicas de análisis genético.
Tuvieron que pasar 17 años y 6 meses para que el Estado les entregara a sus deudos los restos de sus familiares asesinados, quienes podrán ser enterrados dignamente el próximo lunes 18 de noviembre, en un mausoleo especial construido especialmente para albergarlos. Durante toda esta semana se realizarán ceremonias tradicionales con alabaos, romances y chigualos para despedir, por fin, a sus muertos.
Hoy debemos recordar que la masacre, perpetrada por las Farc, ocurrió en el momento más intenso de las confrontaciones entre esa guerrilla y los grupos paramilitares en esa región chocoana, y que constituyó uno de los hechos más aberrantes del conflicto armado, al ser lanzadas pipetas a la iglesia de Bellavista en la que se refugiaban toda clase de personas, entre ellas mujeres embarazadas, ancianos y niños. Líderes de los desmovilizados de esa agrupación, actualmente en la política, ya estuvieron en el pueblo pidiendo perdón por el crimen, y los pobladores hoy confían en que no les toque repetir en el futuro nada parecido.
Estos son momentos de contrastes emocionales en Bojayá, porque se termina la espera y se les brinda descanso eterno a sus víctimas, pero al mismo tiempo hay una sensación de tristeza, dolor y silencio al recordar aquella tragedia dantesca, en la que tantos familiares, vecinos y amigos desaparecieron de un solo tajo. Al mismo tiempo, los pobladores hacen su duelo con la esperanza de tener un mañana alejado de la violencia. Es justamente esta ilusión la que es posible hoy gracias al Acuerdo de La Habana que, en la medida en que se concrete, podrá alejar para siempre el fantasma de la guerra.
No obstante, el peligro sigue latente en esta región del Chocó. De acuerdo con recientes alertas de la Defensoría del Pueblo, hay presencia de Autodefensas Gaitanistas y de células del Eln en zonas urbanas y rurales de Bojayá, lo que tiene prácticamente confinados en sus casas a unos 2.250 habitantes. Las disputas de estas agrupaciones delictivas para controlar el territorio se vienen intensificando desde septiembre, por lo que se requiere una mayor presencia del Estado, no solo desde el punto de vista militar, para evitar que regresen las masacres. Ya hemos visto cómo en el Cauca, donde se creyó superada la violencia, se ha recrudecido el conflicto y se cuentan ya varias matanzas cuyos autores siguen libres.

En el caso de Bojayá, sus pobladores también guardan la esperanza de que se empiece a concretar el Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que, como acuerdo municipal, debe atraer recursos nacionales para mejorar las condiciones sociales y económicas de ese municipio. En ese documento quedaron consignadas las aspiraciones directas de las comunidades, por lo que su ejecución podrá ayudar a transformar la realidad de pobreza y abandono en posibilidades de crecimiento y mejora de la calidad de vida. Gran parte de lo planteado tiene foco en el uso productivo de la tierra, pero para que eso tenga futuro es fundamental alejar los riesgos de violencia.