Una de las acepciones de la palabra “pensión” corresponde a un sentimiento de pena, preocupación y tristeza. Precisamente, eso es lo que produce el debate sobre la reforma pensional en el país. El nombramiento de Jaime Dussán como director de Colpensiones y su propuesta de usar los ahorros pensionales para la inverosímil construcción de un ferrocarril entre Buenaventura y Barranquilla, añaden motivos de pensión.
La investidura de Jaime Dussán como senador fue demandada por el mismo Petro ante el Consejo de Estado en 1998, aduciendo irregularidades de aquel en la administración del fondo prestacional del Ministerio de Educación. Es cierto que la demanda no prosperó. Sin embargo, si el presidente tenía razones para dudar de la idoneidad de Dussán ¿por qué lo nombró en Colpensiones? Ese es un ejemplo más del uso patrimonialista de buena parte de los cargos públicos: una tradición colombiana que reduce la capacidad del Estado y que “el gobierno del cambio” está empeñado en mantener. Así las cosas, funcionarios excelentes como José Antonio Ocampo, Jorge Iván González o Cecilia López, encuentran al interior del propio gobierno los mayores obstáculos a su gestión.
La presencia de Dussán al frente de Colpensiones alienta falsedades y oscurece realidades. Sus desvaríos alimentan la falacia según la cual, transitar desde un sistema de competencia entre un régimen privado de ahorro individual y un régimen público de reparto simple hacia un sistema de un solo régimen con diferentes pilares, equivale a expropiar el ahorro en los fondos privados.
Mientras los fondos privados tienen la mayoría de los afiliados (poco más del 70%), sus pensionados son apenas 13% del total (220.000 personas). Entretanto, Colpensiones con apenas 30% de los afiliados paga las pensiones de casi 1,6 millones de personas: el desequilibro entre los dos regímenes es enorme. En un régimen de reparto simple las cotizaciones de los afiliados pagan las pensiones de los jubilados de modo que, pocos cotizantes y muchos pensionados resulta en un déficit cubierto por el presupuesto nacional. Al unificar los regímenes, el déficit desaparece por el incremento en el número de cotizantes por jubilado. Además, lo ahorrado en los fondos privados, como lo ha explicado hasta la saciedad el experto Kevin Hartmann, permanecería para complementar la pensión de quienes han ahorrado en sus cuentas individuales. Los recursos que liberaría el gobierno serían los que ya no tendría que usar para cubrir el déficit de Colpensiones. Sin embargo, con un ratón cuidando el queso, es entendible que aumente la desconfianza y que la falacia de la expropiación gane popularidad.
En el nuevo régimen de pilares, la competencia sería sustituida por la complementariedad. Una parte de cada cotización iría al pilar público y otra, al privado. El gobierno propone que toda cotización que corresponda hasta cuatro salarios mínimos debe ir a Colpensiones (pilar contributivo), y por encima de ese monto, a los fondos privados (pilar complementario). Habría además un pilar solidario de medio salario mínimo para quienes no logren pensionarse, financiado con los recursos que se liberarían por el solo hecho de unificar los regímenes.
Descartada la falacia de la expropiación, el debate no radica en la conveniencia o no del régimen único de pilares sino en la magnitud de estos. La propuesta de cuatro salarios mínimos para el pilar contributivo amenaza la sostenibilidad del sistema. Un umbral más bajo parece más justo con los pensionados del futuro.
El nombramiento de Dussán desvía la atención de los problemas que hay en los fondos privados (altos costos y comisiones, pensiones bajas, falta de regulación de sus inversiones). También distrae nuestra atención del mayor obstáculo: la informalidad. ¡Qué pensión señor Dussán!