El riesgo de desastres es un factor inmerso en todos los municipios, siendo el producto de la amenaza y la vulnerabilidad, el primero son los fenómenos naturales de los territorios, los cuales requieren ser permanentemente monitoreados; el segundo son los factores expuestos como son las comunidades y la infraestructura alrededor, quienes se constituyen en los mayores afectados en caso de presentarse algún evento natural.
El pasado 3 de septiembre, en el municipio de Supía se presentó una emergencia sin precedentes, debido a una fuerte lluvia, de acuerdo a estaciones meteorológicas fue de 115 milímetros en un periodo de 1,5 horas, el río Supía y las quebradas Grande y Rapao recibieron el agua registrada durante todo el mes de abril. Esta situación generó inundaciones que dejaron como saldo una persona fallecida, 7 lesionados, 16 barrios afectados, 3 puentes colapsados, 11 veredas con daños en las vías y acueductos rurales, 19 viviendas derrumbadas y 74 casas averiadas, sumando 1.300 familias damnificadas y enormes pérdidas en infraestructura y enseres de la comunidad.
De esta manera Supía se convirtió en el municipio número 23 de los más afectados en el país por la actual temporada de lluvias, la cual de acuerdo a los expertos es una de las más prolongadas de los últimos años, teniendo como origen los efectos devastadores del cambio climático, evidenciando el inminente riesgo de desastres que presentan los territorios.
La respuesta a esta situación, se encuentra fundamentada en la gestión de riesgo de desastres, regulada por la ley 1523 de 2012, aspecto que el país ha venido avanzando, pero la cual requiere de maduración, siendo necesario generar una mayor cultura alrededor de la temática y estableciendo un proceso obligatorio para los mandatarios en la construcción de diagnósticos, mapas de amenazas, obras de mitigación, y sistemas de alertas tempranas, incorporándose en la agenda territorial este tema como aspecto de importancia superior.
Un aspecto necesario para la adecuada implementación de la gestión del riesgo de desastres es la asignación de recursos, debido a que su puesta en marcha es un aspecto costoso, requiriéndose una asignación financiera que se encuentre acorde a las condiciones de riesgo de las localidades, sumando a la reducción de la tramitología relacionada, no debe permitirse que gobiernos locales y afectados se vean inmersos en la cantidad de documentación que se debe diligenciar, cuando el Estado está llamado a ser más ágil a la hora de encontrar y facilitar soluciones ante un escenario de calamidad.
La política de gestión del riesgo requiere de transformaciones estructurales, buscando que se adapte a las necesidades de cada localidad, de acuerdo a sus particularidades; no puede pensarse en un escritorio en Bogotá la manera de habitar la provincia, el gobierno nacional se encuentra llamado a escuchar y construir con los pobladores de acuerdo a las dinámicas territoriales. Además, se debe incluir todos los instrumentos de planificación, como el ordenamiento territorial, el catastro multipropósito y los planes de desarrollo, de esta manera, se fortalecen las acciones que deben contemplarse en el corto plazo para salir de la emergencia y en el medio y largo plazo para generar soluciones de fondo.
De igual manera, hago una invitación para sembrar más bosques, ya que la deforestación es una de las principales causas de las consecuencias del cambio climático, debe respetarse las fajas de protección de los ríos y quebradas, sembrando vegetación para mejorar las condiciones del territorio, de esta manera debe resolverse los conflictos del suelo, para que primen los intereses colectivos sobre los individuales. Todos tenemos la responsabilidad de establecer procesos para mitigar el riesgo de desastres y de esta manera salvaguardar la vida.
En toda una calamidad se ha convertido lo ocurrido en Supía el paso 3 de septiembre, por eso, en nombre de todos los supieños afectados por la emergencia hago un nuevo llamado al gobierno nacional para brindar las ayudas necesarias, ha pasado más de mes y medio y seguimos a la espera de soluciones estructurales para los damnificados.