Continúa su trámite la propuesta de reforma política presentada por el Gobierno al Congreso de la República; ya se han surtido 5 debates de los 8 necesarios para aprobar este acto legislativo. La iniciativa hace parte del arsenal de propuestas que ha impulsado el presidente Petro en los primeros días de esta nueva legislatura. Se le abona al presidente Petro su sentido de la oportunidad y su pragmatismo; aquí se cumple el adagio según el cual “escoba nueva barre bien”: fresco el Congreso y fresco el inverosímil pacto de gobernabilidad que ha construido el presidente con la ayuda del inteligente, sagaz, y muy trabajador senador Roy Barreras, muy buena parte de las propuestas han hecho un trasiego rápido y exitoso por los empedrados caminos del Parlamento.
Fruto de ese pragmatismo ya son normas legales la nueva estructura tributaria y el marco legal de lo que se ha llamado con retórica inflamada, la paz total. La reforma política según el gobierno, pretende acabar con el clientelismo y la corrupción electoral, males mayores de nuestra democracia. Siendo además uno de los componentes más importantes del Acuerdo de Paz de la Habana, fue enunciado con claridad en el plan de gobierno del candidato Petro.
Hay consenso casi generalizado sobre la necesidad de cambiar sustancialmente nuestro sistema político. El que tenemos es claramente funcional a la corrupción y a la ineficiencia administrativa, que es otra forma de corrupción. Muchos intentos se han hecho en esta dirección, pero hasta ahora en buena parte se han malogrado, lo que es apenas natural porque de las cosas difíciles de cambiar en una democracia son las reglas de juego que estructuran y reparten el poder: nadie está dispuesto a transformar de buena gana el estado de cosas que le ha permitido estar ahí, precisamente con poder para cambiarlas. Por eso el discurso reiterado de muchos congresistas que dicen no estar de acuerdo con la implantación obligatoria de las listas cerradas; arguyen, precisamente, que ellos no hubieran podido acceder al Congreso, de no ser por las listas abiertas. Asumen sin fórmula de juicio que lo que es malo para ellos es malo para la democracia.
Esta es de entre todas, la reforma más importante: de ella depende el marco institucional que puede viabilizar un Estado más eficiente, un Gobierno más efectivo y una Democracia más legítima.  
El miércoles de esta semana la Cámara de Representantes en una sesión de más de 11 horas, aprobó en quinto debate la propuesta de reforma política; muchos temas que se discutieron en las sesiones reglamentarias pasadas, sobreaguaron, y otros naufragaron. Entre los primeros están la obligatoriedad de las listas cerradas  y paritarias, la financiación exclusiva de las campañas políticas por parte del Estado, el transfuguismo que implicaría que los actuales miembros de cuerpos colegiados pudieran  cambiar de partido, por una sola vez,  con dos meses de anticipación a las elecciones del 2023, la imposibilidad de que los servidores públicos elegidos por voto popular puedan ser investigados y sancionados por la Procuraduría en acatamiento a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la disminución y unificación de la edad para ser elegido congresista y la posibilidad de que los congresistas pudieran ser nombrados ministros, se hundió la propuesta del voto obligatorio, y la segunda vuelta electoral en elecciones de gobernadores y alcaldes de municipios de más de dos millones de habitantes.
La almendra de la reforma es sin duda la obligatoriedad de las listas cerradas; quienes las defendemos creemos que sí contribuye a profundizar la democracia pues fortalece los partidos, inhibe la compra de votos y otras expresiones de corrupción electoral, facilita el acto de sufragar, garantiza y mejora la gobernabilidad y abarata los costos de las elecciones.
Creo que permitir el nombramiento de congresistas en los ministerios, acrecienta la dañina relación de dependencia del parlamento con el ejecutivo, acaba de dinamitar el sistema de pesos y contrapesos, introduce una extraña institución de regímenes parlamentarios a uno presidencialista y sustituye en cierto sentido la Constitución de 1991.
La financiación 100% estatal de las campañas electorales desconoce que la participación política va más allá del acto de votar: una forma en mi criterio legítima de participar es contribuir con donaciones a los partidos en sus tareas proselitistas; otra cosa es el control que en este caso se haría mucho más efectivo con la obligatoriedad de las listas cerradas.
Positivo que se haya hundido el voto obligatorio: no ha sido útil donde se ha impuesto, y no tiene sentido, además, que a un ciudadano se le obligue a ejercer un derecho.
A la reforma le falta todavía un largo camino por recorrer; ojalá que los debates restantes tengan una alta participación de la sociedad civil, de la academia, de los medios de comunicación. Sin un Estado más eficiente, menos corrupto, y, en síntesis, menos fallido, no habrá ni paz total, ni más desarrollo. Ese es el desafío de aprobar una buena reforma política.