Desde hace unos años se afirma que Colombia es un país de abogados, por la cantidad de legistas que existen, que aumenta con el crecimiento de universidades que ofrecen la facultad de Derecho dentro de su portafolio educativo.
La Unidad de Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura, entidad encargada de certificar a los abogados del país, tiene inscritos a 297.468 profesionales del derecho, cifra que supera ampliamente el número de graduados en otras disciplinas.
Muchos factores se podrían citar para determinar la causa de ese incremento; los estudiantes argumentan que en un país conflictivo como el nuestro, donde la mayoría de las controversias llegan a los estrados judiciales, siempre habrá oportunidades laborales para ellos. Otros dicen que pueden llegar a obtener mayores ingresos que otros profesionales.
El aumento de la oferta repercute en el desempleo, disminuye el costo de los servicios y genera graves problemas por la calidad en la capacitación y el conocimiento que tienen al momento de desempeñar funciones, bien sea en el sector público o privado. Esto aunado a que no existe una política clara en la formación ética, por eso en los actos de corrupción tristemente hay abogados comprometidos.
Como si esta realidad fuera poca, el Congreso está contemplando la posibilidad de que los extranjeros puedan litigar en el país sin ninguna clase de control, solo necesitarían ser portadores de un título en leyes expedido por un centro educativo de cualquier lugar del mundo y podrían ejercer sin acreditar requisitos adicionales.
Esa prerrogativa no la tienen los colombianos en ninguna parte, además porque la normatividad vigente para cada Estado tiene sus particularidades, por eso cuando un profesional quiere hacer valer sus estudios en otro país debe homologar.
Colombia posee actualmente 611 abogados por cada 100.000 habitantes, un estándar demasiado alto comparado con otros territorios y si adicionamos extranjeros, estaríamos negando oferta laboral a nuestros connacionales, además de generar mayores problemas que surgen de la dinámica de la ley de la oferta y la demanda.
Se necesitan mayores controles para el ejercicio del derecho, una reglamentación clara desde el Ministerio de Educación para evitar que cualquier institución que no cumpla con los requisitos de alta calidad, incluya en su portafolio esa facultad. Igualmente aplicar de manera drástica las exigencias de transparencia establecidas en el Código Disciplinario y la Ley Estatutaria de Administración de Justicia.
La realidad colombiana es diferente a la de otros países, así como se manifiesta que Colombia es una nación de abogados, también tenemos que señalar que es un país de leyes, porque cada situación genera una norma que la regula.
Es por eso que quien ejerza esta profesión debe conocer nuestra historia, idiosincrasia y realidad, al tiempo que tendrá que ‘descontaminarse’ de prácticas perversas que nos hacen mucho daño, creando desconfianza y falta de credibilidad en las instituciones.