La entrada de venezolanos a Colombia es un fenómeno que no para de crecer. La población de inmigrantes ya superó los 2.000.000 de habitantes, de acuerdo con estimaciones extraoficiales, aunque el último censo conocido, realizado en octubre de 2019, indicó que existían 1.630.903 venezolanos radicados en el territorio nacional.
A medida que aumenta el número de inmigrantes la situación se torna inmanejable y los problemas sociales se incrementan. La crisis está desbordada por la falta de atención en salud y la inasistencia alimentaria. En solo uno de los indicadores de las autoridades sanitarias, se destaca la muerte de más de 20 personas en el corredor vial que comunica a Norte de Santander con Santander, por el Páramo de Berlín. El más reciente caso fue de un menor de dos meses de nacido que falleció por hipotermia.
Las dificultades sanitarias son solo una de las consecuencias de la migración, se suma la intolerancia y la xenofobia que está alcanzando niveles preocupantes, reflejado en las redes sociales que están inundadas de mensajes ofensivos y despectivos. La inseguridad es cada vez mayor, tanto para los colombianos que son víctimas de las acciones delictivas de los extranjeros como para los venezolanos que están siendo estigmatizados e incluso son agredidos física y verbalmente.
En promedio 15 venezolanos son capturados al día por diferentes delitos. Los datos del INPEC señalan que de los 2.774 extranjeros que permanecen recluidos en cárceles y penitenciarías del país, cerca de 1.600 son de origen venezolano. Le siguen los ecuatorianos con 153 privados de la libertad. Los principales delitos por los que estas personas ingresaron a los centros de reclusión son tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; hurto; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y homicidio.
Esto es muestra de la falta de control y de acciones para impedir que el problema tome dimensiones desbordadas, por eso los retos para el Gobierno y las autoridades son grandes. La implementación de programas de asistencia humanitaria no es suficiente, entre otras cosas porque demanda muchos recursos y no ofrece soluciones efectivas.
Se requiere una política pública integral para el tratamiento de la migración, que comienza por el control en los pasos de frontera. Si bien hay que ser solidarios y apoyar a un pueblo hermano que actualmente atraviesa la peor crisis de su historia, la entrada a Colombia no puede ser descontrolada y no se pueden ceder los cruces limítrofes a las bandas ilegales. Por eso hay que incrementar la vigilancia en esas zonas, registrar quién está en el país, a qué se dedica, cuáles son sus condiciones de vida, porque al lado de quienes buscan una oportunidad llegan los que tienen la intención de formar organizaciones de delincuencia. El número de inmigrantes en condición irregular, aquellos que no han reportado su ingreso, es mayor a los que se encuentran radicados legalmente.
No se trata de que se persiga a los irregulares pero sí debe existir un registro detallado para que las estadísticas sean reales y poder atender este fenómeno de manera integral.