La Reforma Política que ha presentado el Gobierno (Acto Legislativo 12 de 2017) y está en discusión en el Congreso, es todo menos esa luz para la profundización de la democracia y de la lucha contra la corrupción, que todos esperábamos que fuera. A grandes rasgos, quisiera referirme a diez puntos que la ensombrecen gravemente:
- Desde 1986, el presidente Belisario Betancur intentó hacer de la pérdida de investidura el instrumento más revolucionario para fomentar la transparencia de la política en Colombia. Fue derrotado en su intención, pero, afortunadamente, en la Constitución del 91, se logró su implementación. A pesar de que esta herramienta debería ser ampliada, a través de ajustes, esta reforma no solo no endurece el régimen de inhabilidades por conflictos de intereses, sino que lo deja sin efecto como causa de pérdida de investidura. Esto significa un retroceso total en cuanto a este instrumento que ha dejado por fuera del sistema a perversos dirigentes que, a causa de esta reforma, podrían entrar de nuevo al juego político.
- No desaparece la figura de la contratación de transporte por parte de las campañas, sino que queda un régimen híbrido, donde, en el área urbana, el Estado asumirá la totalidad de los costos de transporte el día de elecciones, pero en las zonas rurales se deja abierta la posibilidad de contratarlo por la vía privada. Se deja, entonces, abierta una ventana para lavar el dinero que pueda entrar de manera clandestina a las campañas, justificándolo como “gastos de transporte”. Por lo demás, que el Estado no garantice el transporte gratuito en todo el país el día de elecciones es una discriminación injustificada e inaceptable. Se necesita profundizar sobre todo la democracia en lo rural, para que los gobiernos no terminen siendo elitistas y centralistas, ni sigan haciendo una subrepresentación de lo rural, de modo que se pierda el sentido democrático fundamental. Si queremos la participación de todos los ciudadanos en las elecciones, el transporte tiene que ser gratuito para todos. Así lo hemos propuesto desde nuestra llegada al Congreso.
- No solo queda vigente la composición partidista del Consejo Nacional Electoral, sino que se empeora su sistema de elección, porque hace que sea conformado también por ternas que presenten el Presidente de la República y las Altas Cortes. De esta manera, nuevamente se le asignan funciones electorales a las mismas, cuya inconveniencia ha sido más que demostrada, y que fue la razón que inspiró la Reforma de Equilibrio de Poderes, aprobada por el mismo Congreso hace solo dos años.
- Las listas cerradas no van a tener vigencia sino a partir del 2022. No existe razón para que esta modificación no sea aplicada inmediatamente, de modo que se conservarán, en las elecciones del 2018 y del 2019, los elementos estructurales del personalismo político, las microempresas electorales y todos los vicios y debilidades que tiene el sistema, originados por la debilidad institucional de los partidos.
- Esta reforma les quita los efectos jurídicos inmediatos a las decisiones de las contralorías y las procuradurías, bajo el argumento que no son decisiones judiciales y de que, por tanto, no pueden afectar derechos políticos. Esta modificación tiene nombre propio. Quieren a través de ella anular los efectos de las decisiones de la Contraloría de Bogotá y permitir, de esta manera, que Gustavo Petro pueda ser candidato de la Unidad por la Paz.
- La reforma constituye un abuso de la figura del fast track. No hay ninguna justificación para haberla presentado por este mecanismo, pues no tiene relación de conexidad directa con los Acuerdos ni de necesidad suficiente al respecto.
- A pesar de que se prevé que la mayoría de los candidatos “punteros” en las encuestas se presentarán por firmas, y a pesar de que los actuales alcaldes de casi todas las principales ciudades del país se presentaron por firmas, y de que el Centro Democrático, al momento de la redacción de esta columna la mayor fuerza en el Senado tuvo su origen en firmas, esta reforma busca acabar con los grupos políticos independientes, mediante la prohibición de la figura de los grupos significativos de ciudadanos por firmas. Este es un absurdo retroceso en los mecanismos de participación ciudadana.
Y como si fuera poco, en esta reforma no solo se peca por acción, sino también por omisión:
- No se tiene en cuenta nuestra propuesta del voto obligatorio, esencial para la promoción masiva de la democracia, para la depuración de los grupos políticos y para una cohesión del sistema que lleve a una mayor legitimidad y representatividad de los gobernantes. Tampoco fue considerada la idea que hemos venido exponiendo, desde hace tres años, del establecimiento, al menos, de un voto obligatorio temporal, durante ocho años, mientras la gente aprende la importancia y el valor del voto, el ejercicio fundamental de la democracia, que es poder elegir libremente a nuestros gobernantes y legisladores. Cuando todos los ciudadanos son partícipes de las elecciones hay un mayor compromiso con la transparencia, con la exigencia de resultados y con la estabilidad de los gobiernos.
- No se avanza en obligar a los partidos a establecer una paridad inmediata entre hombres y mujeres. A pesar de que las mujeres somos mayoría en la población, estamos más preparadas académicamente y gozamos de un nivel de reconocimiento superior a la hora de ejercer cargos públicos, somos un grupo vulnerable y discriminado por las jerarquías de los partidos, que han sido misóginas a la hora de promover en el interior de los mismos condiciones para que las mujeres podamos participar con mayor relevancia, independencia y coherencia con las convicciones que tiene la agenda de la equidad de género.
- Para rematar, se omite brindar mayores instrumentos, espacios y garantías a los ediles, para facilitar el acceso a las JAL y el funcionamiento de las mismas, que tienen una característica más de participación ciudadana que de participación política. Es regresivo hacer una reforma que no tenga en cuenta a estos grupos, a los que ni siquiera se les paga la reposición de votos, ni se les permite ser contratistas del Estado, a pesar de desempeñar sus funciones ad honorem.
La nueva reforma política: decepción y amenaza para la renovación de nuestra democracia.