Con 114 millones de hectáreas, en Colombia debería haber suficiente tierra. Las comunidades étnicas gozan de 34,5 millones de hectáreas, el Estado se reserva 12,2 millones y para áreas protegidas se destinan 11,4 millones; es decir, la mitad de Colombia. Mientras finaliza el catastro multipropósito, hacia 2025, falta 28% del catastro por formar. Según cifras de 2020 del IGAC, el 66% del territorio está desactualizado. Así las cosas, la esperada revolución agrícola solo será posible cuando se logre resolver la seguridad física, seguridad jurídica y seguridad de inversión. Sin esto nos quedaremos hablando del potencial agrícola del país a perpetuidad.
Es comprensible la baja productividad de la tierra rural, décadas de conflicto inhibieron no solo la creación de bienes públicos sino las inversiones privadas en adecuación de tierras y logística rural. Como resultado, hoy la tierra en el país es 5,38 veces menos productiva que en países OECD. Mientras los demás países de la Alianza del Pacífico tienen más del 40% de sus tierras con riego o inversiones productivas y México llega a 66%, en Colombia es tan solo el 7%. A ese ritmo nunca habrá milagro rural.
 Son 48,5 millones de hectáreas de propiedad privada en zona rural. La frontera agrícola es de un potencial de 39,2 millones de hectáreas. Nuevamente por falta de condiciones de las tres seguridades, más retos logísticos, según la UPRA solo se aprovechan 7 millones. En momentos de disponibilidad de capital y relativas bajas tasas de crédito, hay que pensar por qué no se invierte más en el campo.
 La prescripción adquisitiva, heredada del código Napoleónico, requería 30 años de permanencia para que el propietario original perdiera su tierra. Con la violencia y el desplazamiento forzado, la invasión de tierras se volvió el accionar de los grupos ilegales, imposibilitando la presencia de los dueños. Su propósito de lograr títulos, se facilitó con la decisión de disminuir la prescripción a solo 5 años, una decisión poco sabia a la luz de hoy.
 La nueva modalidad de invasiones busca que el dueño no logre el amparo policivo, de tal manera que los propietarios tengan que acudir a la justicia ordinaria. Mientras esta opera, pueden ser años forzando una conciliación económica a favor de los invasores. La amenaza del proceso judicial interminable, se podría disminuir extendiendo el amparo policivo a tres meses. Si no, se está obligado a elevados costos de vigilancia de manera preventiva. Lo que no puede hacer la Agencia Nacional de Tierras o una nueva jurisdicción es fomentar la incertidumbre. Con solo un inventario 890 mil hectáreas de baldíos, una propiedad con sentencia de pertenencia pierde certeza jurídica si posteriormente aparece un baldío.
 Una jurisdicción agraria, con jueces especializados en ruralidad, daría alternativas a los formalismos de la justicia ordinaria. La articulación de la justicia con el IGAC e instrumentos públicos, aliviaría la exigencia de costosos peritazgos. El catastro multipropósito ayudaría a resolver conflictos existentes in situ, tal como lo hizo en México, Ecuador o Perú. Esto es clave, en especial, con los terceros de buena fe. El tema de la tierra requiere un corte de cuentas, cerrado el conflicto y el catastro, se requiere más inversión rural.