Comprensibles las dificultades del covid-19, inclusive loable el esfuerzo logístico. Eso sí, inaceptable que por descuido fallemos en las demás enfermedades. La campaña de quedarse en casa fue excesivamente exitosa. Muchos pospusieron chequeos, el próximo semestre se detectarán los problemas tarde. A pacientes de cáncer les redujeron en 28% las horas disponibles de quimioterapia. Esto para no hablar del freno en vacunación. Ya por falta de control prenatal en septiembre, semanalmente hay incrementos de mortalidad materna, podría aumentar más del 34%. Este fenómeno debería tenerse en cuenta en el debate de presupuesto, no se puede esperar muertos para apropiar recursos.
 No es solo en Colombia, un estudio de The Lancet muestra como la falta de chequeos de cáncer en Reino Unido aumentaría muertes prevenibles de mama en 9,6% y colorrectal 16,6%. Hoy nos demoramos 182 días para detectar cáncer de mama y prestar la primera quimioterapia. Cada mes de retraso en diagnosticar, son cinco años menos de expectativa de vida, el tratamiento tardío puede ser 90 veces más costoso. De verdad es mejor prevenir que curar.
 Para el mes de agosto, según SISPRO, las citas de pacientes con cáncer se disminuyeron a la mitad en comparación con 2019. En el mismo periodo, las mamografías cayeron a un tercio. Según la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma 58,5% de sus pacientes tuvieron dificultades accediendo a servicios de salud. Por lo menos a 20,1% les cancelaron su chequeo y a 8,5% les cancelaron o aplazaron su quimioterapia. Para no hablar de servicios no vitales, se esta acumulando la problemática.
 La financiación de la salud depende de cotizaciones ciudadanas y presupuesto de la nación, tiene un ciclo presupuestal atípico. Los gastos de UPC, el recurso que se asigna a EPS por afiliado, y demás gastos, se definen en noviembre. El presupuesto aprobado en octubre es el tope para esa conversación. Este año hace falta demasiada información para que el Congreso tome una decisión informada. Es probable que nos golpeemos con el techo.
 A primera vista, el incremento de 21% en el rubro de aseguramiento parece suficiente, pero es consecuencia de 2,8 millones de cotizantes que perdieron su empleo y se les debe dar una ayuda extraordinaria. En esencia, el crecimiento real de la UPC es de solo 5%. Por el represamiento vamos a consumir más tratamientos de vanguardia no previstos en la UPC, solo hay presupuestado 4% más en este rubro. El Congreso debería considerar un presupuesto contingente por si acaso.
 La ejecución del gasto por fuera de la UPC no-covid a septiembre es de 25%, equivocado pensar que esto es un ahorro permanente. Las EPS deben mantener como reserva lo no ejecutado, no ir a utilidad. Esta ganancia ocasional debe estar disponible para cubrir gasto covid o tratamiento de enfermedades represadas. Nadie va a comprender éxito financiero por cuenta de la pandemia.
 Las enfermedades represadas pueden ser tan letales como el rebrote, el sistema debe estar preparado. Muchos sobrevivientes de covid tienen secuelas que los hacen más vulnerables a otras enfermedades. Como mínimo debe lanzarse una campaña de prevención y promocionar la bioseguridad en hospitales. Llega un momento donde los temas dejan de ser extraordinarios, no hay excusa para no estar preparado.