Después de su repentina desaparición hace más de tres años, el 28 de enero de 2019 se reveló que Wang Quanzhang se encontraba bajo el poder del gobierno chino y que acababa de ser condenado a cuatro años de prisión. Wang es uno de los cerca de 200 abogados de derechos humanos que fueron detenidos arbitrariamente en 2015, en la operación conocida como “709 Crackdown”. A través de esta estrategia, el gobierno de Xi Jinping buscaba detener y castigar a las personas que se atrevieron a desafiar la autoridad del Partido Comunista chino utilizando el sistema judicial del Estado. 
Aunque la violación de los derechos humanos en China ha sido una realidad constante desde hace muchos años, la transformación que ha sufrido la política extranjera bajo la dirección de Xi Jinping podría hacer que su desprecio por la protección de estos derechos sobrepase las fronteras. Durante mucho tiempo, el desarrollo chino se vio marcado por lo que consideran los expertos como un ascenso pacífico, en el cual la política extranjera del país se enfocaba en sus intereses económicos y defendía el principio del derecho internacional a la no interferencia en los asuntos internos.
Uno de los momentos clave para entender la transformación de la política extranjera sucedió en el año 2013, cuando se filtró un reporte confidencial del Partido Comunista conocido como el “Documento 9”. El informe afirmaba que había siete valores occidentales, de los que se destacan la libertad de prensa, la independencia judicial y la democracia, que representaban un grave peligro para la seguridad nacional. Otro evento importante sucedió en marzo de 2018, cuando el Congreso Nacional del Pueblo de China decidió eliminar el límite de dos periodos presidenciales para que Xi Jinping pudiera proclamarse presidente vitalicio de la república popular. Aunque el país ya contaba con una dictadura de partido único, la concentración del poder en una sola persona profundizó aún más la tendencia hacia el totalitarismo. 
Wang Huning es uno de los principales asesores del gobierno y el encargado de articular su discurso ideológico. Según la filosofía de Huning, el totalitarismo es una etapa necesaria para el desarrollo económico pues se requiere de estabilidad y un fuerte liderazgo para lograr los objetivos de largo plazo; por lo tanto, solo cuando eso se logre, se puede empezar a pensar en progreso social y democracia. Este modelo de desarrollo alternativo propuesto por China ha sido muy bien recibido por varios dictadores africanos. Utilizando un discurso en el que hace referencia al pasado común de invasión europea y al fallo de los modelos tradicionales de desarrollo, el país oriental ha logrado hacer millonarios negocios de infraestructura en ese continente mientras que aumenta su influencia en la política africana. 
Sin embargo, las inversiones del gigante asiático no se limitan a los países menos desarrollados. A raíz de la crisis griega, el gobierno chino realizó una millonaria inversión para recuperar el estratégico puerto de Pireo en el mediterráneo. Esto le permitió ganar una importante influencia en Grecia y gracias a esto, logró que este país vetara en la Unión Europea la publicación del reporte anual que hace esa organización sobre la situación de los derechos humanos en China y que se presenta anualmente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. 
De esta manera, resulta evidente que la política extranjera china cuenta con una agenda política contraria a la protección de los derechos humanos a nivel mundial. En ese contexto, mientras el mundo rechaza los abusos de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela tras las protestas del 23 de enero, China no tiene escrúpulos para apoyarla. Ante una evidente reorganización del poder internacional entre un Estados Unidos debilitado por la presidencia de Donald Trump y una China cada vez más poderosa económica y militarmente, vale la pena preguntarnos si estamos preparados para afrontar el reto de aceptar el liderazgo económico y político de un país que rechaza abiertamente la promulgación de los derechos humanos a nivel mundial.