Mi formación como odontólogo y mi interés gremial como productor cafetero, me obligan a analizar el inmenso riesgo para la salud pública y la economía rural que representa la infección del covid-19 por su gran capacidad de propagación, los estragos que ha provocado en las sociedades afectadas y el colapso de los servicios de salud; lo cual nos involucra a todos en la responsabilidad de contener el virus. La asintomatología de gran parte de los infectados, que se curan solos, pero que propagan la enfermedad, demanda la necesidad de implementar medidas de prevención y contención fortaleciendo la capacidad de toma de muestras y diagnóstico rápido, como único mecanismo efectivo comprobado en países como Corea y Alemania.

El decreto 457 de 2020 contempla excepciones al aislamiento obligatorio, que incluyen al sector productivo agrícola, que por un lado favorece la disponibilidad de mano de obra para la próxima cosecha cafetera de mitaca, pero por otro, rompe con el rigor del aislamiento que exige el manejo de la pandemia. La movilización de recolectores por la geografía nacional (que son personas que necesitan trabajar) implica un riesgo y un reto epidemiológico, si queremos que no se propague exponencialmente el virus y que no se frene la principal actividad agrícola del país (se necesitan 150.000 recolectores de aquí a junio).

Tenemos una población campesina que vive del día a día de su trabajo, para quienes, si la economía colapsa, no tendrán salario para su sustento básico. En este momento la movilidad de trabajadores agrícolas entre departamentos y municipios está paralizada, necesitamos ofrecerle trabajo a una población altamente vulnerable económicamente y oportunidades a una actividad agrícola que ha sido fuertemente golpeada por años y que ahora tiene una expectativa de precios mejor para una cosecha, a la cual se le ha invertido una gran cantidad de dinero, y que podría quedarse en los árboles y caerse.

La protección de la mano de obra trashumante del campo colombiano exige aumentar exponencialmente la capacidad de tamizaje con pruebas diagnósticas rápidas, no sólo en pacientes sintomáticos, sino para toda la población relacionada con actividades productivas que deben movilizarse y alojarse en las fincas. La única forma comprobada de contener el virus es mediante la ejecución de pruebas diagnósticas individuales y el aislamiento de los casos positivos, pues si la estrategia solo apunta a las cuarentenas (que no pueden ser eternas), una vez suspendidas, la ola de propagación se restablece, poniendo en riesgo una población vulnerable cuya edad promedio para el trabajador cafetero colombiano es de 58 años. Las cuarentenas “ralentizan” la propagación, compran tiempo, pero no mitigan el virus.

La única manera de detener la propagación es con pruebas individuales y aislamiento, ahí sí, de los casos positivos; el resto deben salir a trabajar.

La Federación Nacional de Cafeteros está liderando en conjunción con los ministerios y secretarías de agricultura y salud, gobernaciones, alcaldías, autoridades policiales y comités departamentales toda la estrategia de movilidad de la gran masa de recolectores necesarios a partir de los siguientes quince días. Sabemos el inmenso riesgo en el que está nuestra población y la institución tiene el reto de liderar la logística que provea la mano de obra necesaria, pero que a la vez nos proteja para que la pandemia, que se ha focalizado en las ciudades, no se propague a nuestro campo donde no hay recursos para la atención médica que demandaría esta población. El dinero que cuesta un respirador le puede salvar la vida a miles si se destina a la detección del virus en portadores asintomáticos tomando desiciones basadas en la evidencia y no determinadas por el pánico mediático irracional.