La pandemia del coronavirus ha desencadenado una serie de cambios en la práctica de la odontología institucional y privada que genera enormes retos desde lo técnico y logístico hasta lo clínico y económico. Durante un par de meses esperamos protocolos oficiales del Ministerio de Salud y hace tres semanas publicaron los lineamientos que permiten la atención prioritaria, además de las urgencias, que estábamos autorizados para atender. La nueva realidad implica que el concepto de bioseguridad, que hemos manejado durante años, destinado principalmente a la atención y seguridad del paciente, ahora involucra en gran medida al odontólogo, su personal auxiliar y administrativo que está en la primera línea de riesgo. Trabajar en la cavidad oral, expone al personal a la fuente del contagio, por lo cual la aplicación estricta de protocolos de bioseguridad exige implementar conductas y barreras físicas que los protejan. 
Hemos conocido recomendaciones y procedimientos de bioseguridad exagerados, irracionales muchos y de efectividad cuestionada; muchos han adoptado medidas extremas, sin evidencia de su efectividad, o si podrían influir negativamente y elevar el riesgo. Existen intereses comerciales en la información lo cual genera confusión e invita a adquirir elementos innecesarios o de mala calidad. Sorprende que las ARL muestren una pasividad pasmosa queriendo pasar de agache ante esta responsabilidad, no conozco a nadie que haya recibido una comunicación de estas ofreciendo apoyo ante un riesgo profesional como el covid19. 
La compra masiva de elementos de protección personal (EPP), ha generado escasez, encarecimiento y especulación de fabricantes y comercializadores. Antes de la pandemia, un rollo de tela desechable para ropa quirúrgica de 600m costaba $800.000 hoy cuesta $2.700.000, 50 pares de guantes quirúrgicos costaban $42.000 hoy valen $92.000, polainas y gorros desechables x 100 unidades costaban $18.500 hoy valen $30.000, respiradores N95 costaban $6.500 hoy piden hasta $35.000 por unidad, blusas desechables quirúrgicas de $6.000 hoy suben hasta $12.000; y podríamos seguir citando abusos. Las múltiples amenazas del gobierno y organismos de control a los especuladores, no muestran la primera sanción ni el primer decomiso de mercancía. En Francia Macron confiscó las mascarillas N95 y solo las vende el estado al personal de salud. Aquí las autoridades no se comprometen en defender al usuario aplicando sanciones. 
La necesidad del uso de EPP y mecanismos de desinfección del área física de consultorios y clínicas, ha disparado los costos de atención de cada paciente y ha ralentizado los tiempos, necesarios para hacer limpieza de los cubículos entre pacientes. Esta semana hablando con odontólogos y auxiliares, que trabajan en EPS e IPS, he indagado sobre la calidad de las medidas de bioseguridad, encontrando que algunas están dotando al personal de batas de bioseguridad que no pueden cambiar entre pacientes, que son asperjadas con desinfectantes contrario a los protocolos lo cual eleva exponencialmente el riesgo de contaminación cruzada. Los lineamientos son claros, en que la ropa, no necesariamente desechable, se debe cambiar de una atención a otra, más si se generan aerosoles como en odontología debiéndose utilizar un kit por paciente. 
Las instituciones y clínicas privadas son responsables de implementar las medidas de seguridad del personal y sus pacientes; y las autoridades sanitarias velar porque estas se cumplan. No podemos permitir que especialmente las EPS e IPS, que solo piensan en términos económicos y unidades de capitación (que han licenciado personal sin prestar servicios y sin disminuir sus ingresos porque los aportes les llegan), que se han caracterizado por negar los servicios a sus usuarios, ahora también les nieguen a sus empleados y pacientes los EPP que les protegen su vida y la de sus familias. El gobierno es responsable de controlar estrictamente las EPS, IPS Y ARL.