La semana pasada el presidente Duque volvió con cargas de artillería sobre el tema de los negociadores del Eln que permanecen en Cuba desde que en enero se rompieron definitivamente los diálogos entre el gobierno y esta guerrilla luego del ataque terrorista a la escuela de cadetes de la Policía. Nuevamente, exigió al gobierno cubano que los extraditara a Colombia; y fue más allá, amenazó con romper las relaciones diplomáticas con Cuba si no entrega a los guerrilleros encallados en la isla: “Cuba tiene que preguntarse si prefiere la relación con Colombia o con los criminales”.

Este es el más reciente capítulo de un burdo acto de torpeza diplomática y jurídica en que incurre el gobierno. Da pena pensar que los principales voceros de esta petición son abogados: el presidente Duque, el canciller Trujillo y el comisionado Ceballos. Sus profesores de Derecho Internacional Público estarán avergonzados de sus alumnos por su ignorancia en la materia, o por su interpretación torcida de los principios jurídicos que rigen las relaciones entre los estados.

Vale la pena recapitular de manera apretada sobre este asunto para evidenciar nuevamente el esperpento del gobierno, el que demuestra una vez más su pobre y miope gestión internacional. Bajo el gobierno Santos se abrieron diálogos con el Eln con el fin de lograr una mesa de negociación y eventualmente un acuerdo de paz. Para establecer la mesa se requerían ciertas condiciones que hicieran posible el diálogo permanente entre las partes. Una de estas condiciones consistía en hacer una pausa en la persecución judicial a los guerrilleros, para que se pudieran sentar a la mesa mientras duraran las negociaciones. Y sabiendo que una negociación tiene un resultado incierto, se estableció que en caso de que se levantaran los diálogos, habría condiciones de seguridad para el regreso de los guerrilleros al país; es decir, habría que volver a la situación anterior al inicio de la negociación, sin que ninguna parte obtuviera ventaja de la ruptura. Todos estos preceptos hacen parte de un amplio manual a nivel internacional para el tratamiento de negociaciones de paz. No fueron inventados por el gobierno Santos. Una vez establecidos estos compromisos había que cumplirlos; ante todo porque al Estado le está prohibido engañar, y además porque la negociación no comprometía solo a Gobierno y Eln, sino también, y ahí está el detalle, a otros estados: Cuba, Noruega, Chile y Venezuela como países garantes, y Alemania, Suiza, Suecia, Holanda e Italia como países acompañantes. Con todos ellos existía el compromiso del Pacta Sunt Servanda, principio básico del Derecho Internacional que dice que los acuerdos son para cumplirlos, y cumplirlos de buena fe. En ninguna parte de los acuerdos establecidos se dijo que la ruptura solo podría ser de tal o cual manera para hacer efectivo el protocolo.

La negativa de Cuba no ha sido gratis, no es por ‘maldad castrochavista’ que no apresa a los negociadores del Eln que permanecen en la isla, es por una elemental coherencia con principios aceptados internacionalmente. Aunque sin duda, el gobierno cubano debe estar encartado con los elenos, pues no es buen momento para darles alojamiento. La postura cubana ha sido apoyada con claridad desde el principio por los gobiernos de Noruega y Alemania, actores de primer orden en la negociación. Ambos han sido enfáticos en la obligación de cumplir con los protocolos de regreso de los guerrilleros y la imposibilidad de apresarlos mientras estén en la isla. Pero tampoco así entiende el gobierno Duque. Y uno se pregunta ¿si la negociación se hubiera dado en Noruega, lo cual pudo haber sucedido, amenazaría Duque con romper relaciones diplomáticas con los nórdicos? Sin duda no lo haría, lo que muestra la improcedencia de la petición a Cuba.

Si a este evento le sumamos la vergüenza de las fotos presentadas en la denuncia sobre Venezuela en la ONU y la propuesta del siniestro representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada de someter los fallos de la Corte Constitucional a referendo cuando no le gusten, evidenciamos lo precario de nuestro gobierno y el espíritu oscuro de su bancada en el Congreso.