Sin duda, la noticia del acuerdo logrado entre el Gobierno nacional y la guerrilla del Eln de establecer un cese el fuego y de hostilidades a partir del primero de octubre hasta el 12 de enero es muy positiva y permite albergar la esperanza de que se llegará a un pacto final de paz con este grupo armado, cerrando así, y ojalá para siempre, el capítulo histórico de la guerra insurgente en nuestro país.

El paso dado por el Eln es inédito en sus más de cincuenta años de existencia y de alguna manera refleja una intención de seguir adelante con una negociación que implique su desaparición como grupo armado, para entrar de lleno en la vida política y social del país. Este acuerdo da señales de que sí se puede llegar a un pacto final de paz en un término razonable. En concreto, el Eln se compromete a no secuestrar, no realizar sabotajes contra la infraestructura energética y petrolera, no reclutar menores de 15 años y no sembrar minas antipersonas. El Gobierno emprenderá acciones para reforzar la protección de líderes sociales, mejorar las condiciones de reclusión difíciles en que se encuentren miembros de esta guerrilla e iniciar las audiencias ciudadanas en Quito, las cuales buscan traer a la mesa a diferentes actores sociales, para que hagan sus aportes en los temas de la agenda. También cesarán los encuentros armados entre la Fuerza Pública y la guerrilla. Es muy importante resaltar que el Eln acoge sin restricciones las normas del Derecho Internacional Humanitario.

Falta que el Eln se pronuncie respecto a la eliminación de la extorsión y la devolución de los secuestrados, puntos que no se mencionan en el acuerdo, pero que bajo los postulados del DIH que aceptan acatar, deben actuar en consecuencia. Este cese el fuego y de hostilidades contará con la veeduría de Naciones Unidas y la Iglesia Católica colombiana, y la atención de las partes para que se cumpla de la mejor manera posible. Este acuerdo es sin duda un avance sustancial y de buenos augurios. Para llegar a este punto ha sido de gran valor la experiencia negociadora de La Habana y la participación de los militares en el diseño de este acuerdo.

Por otro lado, el jefe máximo del Clan del Golfo, Otoniel, manifestó públicamente su intención de iniciar un proceso de sometimiento a la justicia de su organización criminal que cuenta con aproximadamente 2.500 miembros. Esta manifestación es la respuesta a la efectividad con que la Fuerza Pública los ha combatido, especialmente en el último año. Y esto se ha podido dar porque las Farc han salido de la ecuación de la seguridad. Ojalá se diseñe un instrumento que permita sacar de circulación a esta temible banda y darle respiro a las regiones que golpean y subyugan despiadadamente.

Sin Farc, Eln y Clan del Golfo, la sociedad colombiana tendrá razones para mirar el futuro con optimismo, así tengamos al frente otros males a vencer, como la corrupción.

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En medio de la profunda rabia colectiva que ha producido la revelación de la podredumbre en ciertas instancias de la justicia, especialmente en la Corte Suprema de Justicia, es una muy buena noticia el nombramiento del jurista José Fernando Reyes como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Reyes es un consagrado estudioso del Derecho, pulcro y valeroso. En sus primeras declaraciones apuntó a algo sencillo, pero fundamental para confrontar a la corrupción: “se puede y se debe vivir del sueldo”. Su nombramiento debe recordarnos a sus dos maestros en el Derecho Penal: Ariel Ortiz y José Fernando Calle.