El general Jorge Romero, quien comandó la IV Brigada del Ejército en Medellín entre 2016 y 2017, manejó esta dependencia oficial como el más bajo delincuente: cobraba exorbitantes sumas de dinero por expedir salvoconductos de armas, vendía estos salvoconductos incluso a temidos jefes de bandas criminales de la ciudad, y se robaba la plata destinada para gasolina de los vehículos de la brigada. En esta empresa delictiva lo acompañaron otros oficiales y algunos civiles. A pesar de que ya existía información confiable sobre los manejos de Romero, después de dejar la IV brigada fue promovido a un importante cargo dentro de las Fuerzas Militares. Finalmente, luego de que la denuncia sobre estos hechos durmiera un año en la Fiscalía, gracias a publicaciones de la revista Semana que despertaron el proceso, este delincuente deberá responder por sus delitos.

Otro general vendió información a las Farc, el Eln y las disidencias por 18 años. Muchas operaciones militares fracasaron debido a estas filtraciones, incluso con pérdida de vidas para soldados. Una reinsertada de las Farc narró a las autoridades cómo en una reunión del oficial con jefes de la guerrilla recibió más de 2.000 millones de pesos.

Estos son solo dos casos de la operación Bastón, la más sólida y pertinente operación de contrainteligencia desplegada por las Fuerzas Militares en mucho tiempo, la que agrupó veinte tareas específicas destinadas a revelar serios casos de corrupción en el Ejército. Bastón se inició en 2017 y deriva su nombre de los bastones de mando de los generales, pues su propósito fue investigar a los 63 generales que para ese momento tenían las Fuerzas Militares, de los cuales 16 resultaron estar inmersos en corrupción. Adicionalmente, 128 oficiales, 122 suboficiales y 35 civiles, hacían parte de los entramados delictivos al interior del Ejército. Lo robado: miles y miles de millones de pesos.

También la revista Semana hizo hace poco perturbadoras revelaciones sobre operaciones ilegales de inteligencia hechas por el Ejército a periodistas, políticos de la oposición e incluso funcionarios de este gobierno. El caso se conoció como ‘Las carpetas secretas’. En total fueron 130 las víctimas de la intromisión abusiva en sus vidas por parte del Ejército. Durante todo el 2019 se realizaron ejercicios de ‘perfilación’. Un caso emblemático fue el del periodista del New York Times Nick Casey, quien a principios del año pasado reveló el contenido de directrices del comandante del Ejército, Nicacio Martínez, que podrían facilitar que regresaran los falsos positivos. A esto hay que sumar las interceptaciones telefónicas a gran escala, las famosas chuzadas, que batallones de inteligencia desplegaron sin la menor cortapisa. Para el seguimiento a Casey se utilizaron recursos entregados por el gobierno de los Estados Unidos, lo que produjo la profunda molestia de Washington, pues con recursos de sus contribuyentes se cometió un delito contra uno de sus ciudadanos. Otro caso destacado es el de la reconocida periodista María Alejandra Villamizar, quien luego de entrevistar a un comandante del Eln en medio del proceso de paz con el gobierno, fue víctima de la violación a su vida privada por parte de los militares.

Si bien todas estas conductas no son nuevas en las Fuerzas Armadas, sí lo es la exposición pública de las mismas de manera organizada y masiva. Sin duda, hay que resaltar el valor de la Operación Bastón, pues sale del mismo sector defensa. Ya es hora de dejar de presentar estos eventos con la tonta explicación de las ‘manzanas podridas’. Ha habido una corrupción permanente y sistemática en las Fuerzas Militares, como en tantos sectores del Estado; así como también una permanente violación de derechos a muchos ciudadanos con seguimientos y chuzadas ilegales. No cabe duda que debemos gratitud a los militares y policías, pero esto no puede convertirse en una licencia para que al interior del sector defensa se viole la ley de manera descarada.