Hace ya más de 35 años, se presentaron desastres notables que marcaron de manera singular la historia del país; daños y muertos por sismo en Manizales y en la costa pacífica en 1979, en Popayán  en 1983, y el desastre de Armero y Chinchiná en 1985 por la erupción del volcán Nevado del Ruiz. Estos desastres confirmaron, en ese entonces y en nuestro medio, esa tendencia socioambiental contemporánea, a nivel planetario, que llevó a reconocer, desde la perspectiva de las ciencias aplicadas y sociales, que el riesgo se construye socialmente y que no es un simple hecho de la mala suerte. Ya los deslizamientos en la ciudad habían derivado en la peculiar creación de CRAMSA, hoy Corpocaldas, y como herencia positiva, en la ciudad y en el país, se legisló por primera vez en materia de sismorresistencia, prevención y atención de desastres, planificación y ordenamiento territorial; considerando el riesgo como un determinante del planeamiento urbano. Durante las siguientes décadas, Manizales hizo de la gestión del riesgo un imperativo para su desarrollo, convirtiéndose en un referente obligatorio para otras ciudades y para la academia; incluso a nivel internacional. Pensando en el bienestar y el progreso social, en la resiliencia, la sostenibilidad y en la competitividad, el riguroso estudio y conocimiento de los peligros naturales, su monitoreo y vigilancia, la evaluación y reducción de la vulnerabilidad y del riesgo ante este tipo de eventos, en sus diferentes dimensiones –física, económica, social y ambiental– fueron puestos al servicio de la decisión política, la información pública y la planeación del desarrollo.
Los más de 20.000 muertos causados por una sola amenaza natural –producto de la erupción del volcán Nevado del Ruiz– hoy ya han sido superados por los casi 37.000 muertos resultado de la covid-19; pandemia que está teniendo y tendrá graves implicaciones sociales y económicas. No ha habido un peor momento para el país que la situación actual, para llevar a cabo una rehabilitación y recuperación, con transformación, y pensando en no reconstruir la vulnerabilidad preexistente de las poblaciones afectadas por los huracanes en el Caribe y por el ya en marcha fenómeno de La Niña. Igualmente, dada la situación adversa, en Manizales es necesario invitar al sector público y privado, es decir a su gobernanza, a una catarsis y reflexión, pues es justamente en este momento en que no se puede descuidar lo que por décadas se ha logrado en gestión del riesgo en la ciudad.
Manizales ha construido redes automáticas de estaciones hidrometeorológicas, sísmicas y de vigilancia y alerta dentro de la ciudad, que no pueden desmantelarse por falta de los recursos normales para su funcionamiento y mejora, pues son fundamentales en épocas de lluvias y para salvar vidas debido al, ya observado, clima cambiante. El ejemplar programa, muchas veces premiado a nivel internacional, de Guardianas de la Ladera, que ha llevado a cabo el mantenimiento de las obras de estabilidad y de control de aguas, así como la capacitación comunitaria e inventario de las zonas de riesgo, no puede dejar de existir; su ausencia claramente puede implicar graves pérdidas económicas y humanas por lluvias, deslizamientos, crecientes y sismos. El seguro colectivo voluntario frente a terremotos y otros eventos, que desde hace años se ha pagado a través del impuesto predial, impulsando la cultura del seguro en los estratos medios y altos y dando cobertura del seguro sin costo a los estratos sociales de menores ingresos, es necesario que esté de nuevo disponible y como opción para contribuir a evitar la insolvencia por desastres tanto de los ciudadanos como de la administración municipal. Aunque parezca una carga fiscal, al igual que el incremento de la sobretasa ambiental con fines de gestión del riesgo, que el Concejo Municipal ha respaldado sin falta durante años para la seguridad y protección de los ciudadanos y pensando en que Manizales se mantenga a la vanguardia en gestión del riesgo, son mecanismos financieros interinstitucionales de especial relevancia.
Hoy es fundamental hacer esta catarsis y reflexión, no dar pasos atrás ante la situación adversa vigente de la covid-19 y de otras que, sin duda, se van a presentar. Hoy más que nunca es necesario ilustrar y garantizar que precisamente la gestión del riesgo de desastres en la ciudad es una estrategia de desarrollo, de resiliencia y de sostenibilidad; y que gobernar es anticiparse.