En la pasada entrega de esta columna, les hablé sobre la necesidad y la oportunidad que tiene el país de tener un nuevo Código Electoral. Insisto en lo que escribí en la ocasión anterior: el error grave del Congreso puede y debe ser aprovechado para confeccionar una norma según las necesidades reales que tiene Colombia y no sobre los anhelos muy personales de algunos funcionarios.
En principio, enumeré algunos ítem que pueden cambiar para bien, como, por ejemplo, que los partidos deban garantizar un porcentaje mínimo del 5 % de participación, en cualquiera de las corporaciones públicas, para menores de 28 años; también, que los candidatos y directivos de los partidos no pueden pertenecer simultáneamente a más de un partido, movimiento o grupo significativo de ciudadanos y que deben fortalecerse mecanismos que permitan a los partidos luchar contra la doble militancia, especialmente de sus elegidos a corporaciones públicas.
4. El tarjetón debería rediseñarse de tal manera que absolutamente nadie tenga los mismos números, aunque posean diferente logos. En el último proceso electoral para la Cámara de Representantes en Caldas hubo 8 candidatos con el número 101, lo cual evidentemente contribuye al error y los votos nulos. Propongo que se hagan sorteos para saber la ubicación en el tarjetón, de tal suerte que el partido que quede de primero lleve el logo y los números del 101 hasta el 105; el segundo en el sorteo llevaría el logo y los números del 106 hasta el 110; el tercero llevaría el logo y los números del 111 hasta el 115; y así sucesivamente, pues en este caso nadie podría alegar confusión.
En Senado pasaría lo propio, empezando en el número 1000 para un partido; en el 1100 para otro partido; 1200 para otro partido y así sucesivamente. 
Igual en asambleas, concejos y JAL.
5. Deben establecerse sanciones contundentes frente al actuar de los jurados de votación que de manera dolosa alteran lo resultados de los procesos y/o que aprovechan su condición para votar en más de una ocasión. 
6. Debe establecerse un quinto jurado electoral cuya única función sería “grabar” los actos posteriores al cierre de las elecciones, el conteo de los votos, la suscripción de los formularios por los jurados hasta el momento de embalar los tarjetones. De esta manera las autoridades tendrían un respaldo de lo realizado por los jurados. Dicha información sería remitida a una central que la mantendría a disposición de los partidos y autoridades en caso de reclamaciones.
7. Debería considerarse la implementación del voto obligatorio y las sanciones por no hacerlo. Mientras tenemos estímulos para los que votan, por ejemplo, días de descanso y rebajas en matrículas, entre otros reconocimientos, no tenemos sanciones para quienes no lo hacen. Nuestra democracia permite que al que no le guste ningún candidato pueda votar en blanco.
8. Es la oportunidad para que el país entienda que los servidores públicos sí puedan participar en política, con las restricciones necesarias frente al uso de bienes del Estado. No podemos mantener esa restricción absurda frente a personas que son políticos, pero no pueden hacer política. En países como Estados Unidos, el presidente le hace campaña a un candidato (Obama, Clinton, por citar dos), y el país no se acabó. 
La sentencia que declaró la inconstitucionalidad del que sería el nuevo Código Electoral colombiano hay que verla como una oportunidad.