Hace cuatro años se firmó dos veces el acuerdo de paz con las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Hoy ya no usan el plural. Dejaron de ser una guerrilla para convertirse en un partido político: la Farc (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común). Dos expresidentes con mala dicción, uno bogotano y el otro antioqueño, se referían a esa agrupación, cuando aún estaba en armas, como “la Farc”. Hoy si se llaman así, pero son otra cosa. Cometieron la enorme torpeza política de mantener una sigla que en la mente de la mayoría de los colombianos está relacionada con un sinnúmero de horrores morales. De las trece alcaldías que disputaron en las elecciones de octubre de 2019 apenas ganaron la de Guapi, en el Cauca. En Puerto Caicedo, Putumayo, ganó un médico que había sido incluido en los listados de desmovilizados de las Farc, pero avalado por la Alianza Social Indígena. En Turbaco, Bolívar, ganó Guillermo Torres -más conocido como Julián Conrado, “el cantante de las Farc”- pero quien se presentó como candidato de la Colombia Humana y la Unión Patriótica. No cambiar de sigla no es la principal causa de su pobre desempeño electoral. Sin embargo, es claro que mantenerla no les ayudó mucho.
Cuando se firmó el acuerdo en Cartagena, el 26 de septiembre, el ambiente era auspicioso. Había confianza en que dejaríamos atrás una larga guerra. Apenas seis días después, la frustración y la desconfianza compartían el escenario político con el triunfalismo de los promotores del No en el plebiscito, convocado para refrendar o rechazar lo acordado. Había diferencias entre los partidarios del No. Sin embargo, los que votaron “emberracados” (como dijo Juan Carlos Vélez) exigieron convertir el proceso en una rendición incondicional. Al final hubo una renegociación que culminó con el Acuerdo del Teatro Colón del 24 de noviembre, refrendado luego en el Congreso. Aunque todavía había esperanza, la derrota del 2 de octubre marcó el inicio del desmonte del acuerdo. El plebiscito no era necesario. La paz como “derecho y deber de obligatorio cumplimiento” está consagrada en nuestra constitución política como un derecho fundamental, contra-mayoritario. Por eso no había que someterlo a las urnas.
Al autogol del plebiscito le siguió una mediocre implementación. En su libro ¿Un nuevo ciclo de la guerra en Colombia? (2020), el profesor Francisco Gutiérrez Sanín afirma que el incumplimiento ha sido brutal desde el primer día, cuando los desmovilizados encontraron que los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación eran unos “peladeros donde no había nada”. El número de excombatientes asesinados llega a 242 (uno por semana). Apenas treinta mil hectáreas del Fondo de Tierras han sido entregadas a campesinos, la reforma política se hundió, a los líderes sociales rurales los matan, a quienes sustituyen cultivos ilícitos no les pagan a tiempo y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial son -dice Gutiérrez- un “foco multipropósito de aspiraciones heterogéneas” con escaso potencial para la transformación de las condiciones y relaciones sociales.
Gutiérrez Sanín hace un llamado urgente para rescatar de sus ruinas el acuerdo de paz y evitar un nuevo ciclo de guerra. En 1964, en el interludio entre el final de la violencia bipartidista y el inicio de la guerra contrainsurgente, Orlando Fals Borda hacía una advertencia similar: “En muchas regiones rurales existe una paz insegura, la paz del silencio cómplice, que se mantiene como cobra hipnotizando al campesino temeroso de variar el statu quo... Como muerto en vida, el campesino fustigado por la violencia latente al mismo tiempo va acumulando las frustraciones y decepciones implícitas en el proceso… Puede estarse gestando así una nueva violencia”.