Richard Nixon declaró en 1971 la guerra contra las drogas. Desde ese momento quedó claro que el problema no sería tratado desde la perspectiva pragmática anglosajona sino desde un enfoque dogmático, puritano. Eso ha sido una verdadera desgracia para Colombia y otros países que han sido obligados a adoptar una estrategia fundamentalmente represiva, con mucho más garrote que zanahoria, aplicada por más de cuatro décadas sin resolver el problema. Al contrario, la aplicación del garrote sobre los extremos más débiles de la cadena, campesinos productores y consumidores, ha empeorado la situación generando problemas adicionales: alejar a los campesinos de la legalidad y del Estado arrojándolos a las manos de los grupos armados ilegales, desviar la atención de los sistemas judicial y penitenciario hacia los adictos y los usuarios ocasionales de estupefacientes en lugar de dirigirlos hacia las organizaciones criminales y sus cómplices y, finalmente, mantener en funcionamiento el mecanismo conocido como efecto globo.
Ciertamente, la criminalización del pequeño cultivador de coca, marihuana o amapola y la fumigación con herbicidas como el glifosato están sujetas al efecto globo, lo que las convierte en medidas inefectivas. Así funciona el mecanismo: cuando se erradican estos cultivos en un área determinada aumenta su precio por cuenta de la reducción de la oferta. La demanda de drogas es inelástica, es decir, una alta variación en el precio se expresa en una mínima variación en el consumo. El resultado es que los incentivos para la siembra y el procesamiento persisten. Esto conlleva el traslado de los cultivos. En vista de que los campesinos cocaleros no tienen, por lo general, derechos de propiedad sobre la tierra que ocupan, el costo de trasladarse a otros lugares es bajo. De hecho, el problema de los cultivos ilícitos en Colombia es, en buena medida, consecuencia del sesgo anti-campesino del estilo de desarrollo.
Los defensores de un enfoque estrictamente punitivo contra cultivadores y consumidores son impermeables a la evidencia. Defienden la guerra contra las drogas a pesar de sus resultados negativos. Llegan al extremo de usar su propio fracaso como justificación para la intensificación de su estrategia. Actúan como un médico que le dice a su paciente: “el tratamiento no ha dado resultado e incluso ha provocado dolencias adicionales. Vamos a doblar la dosis”.
Quienes ven en la aspersión de herbicidas la receta mágica para resolver el problema de las drogas ignoran no sólo su probada ineficacia. También ignoran que es posible lograr mejores resultados poniendo en marcha estrategias muy diferentes. Caldas es un estupendo ejemplo de ello. Naciones Unidas reconoció que nuestro departamento cumple cinco años sin cultivos de coca. Como explicó el gobernador Guido Echeverri al diario El Espectador, las casi tres mil hectáreas que hubo en Caldas fueron erradicadas sin represión y sin glifosato. Más que los proyectos productivos y el mejoramiento de vías terciarias, la clave del éxito fue la concertación entre comunidades, alcaldías y gobernación. La promoción de una mayor asociación entre campesinos también contribuyó. En palabras de Guido Echeverri: “En la medida en que cualquier política no sea pactada con la comunidad, tenderá al fracaso”.
Esto contrasta con la decisión del gobierno nacional de no vincular, desde fines de 2018, nuevas familias a los acuerdos colectivos de sustitución. Tampoco se ha tramitado en el Congreso de la República la ley sobre tratamiento penal diferenciado a pequeños cultivadores. Adicionalmente, la displicencia del gobierno de Duque frente al compromiso estatal de llevar a cabo una Reforma Rural Integral no da lugar al optimismo en lo relacionado con los cultivos de coca en la medida en que éstos son, para usar las palabras de Alfredo Molano, un síntoma del problema agrario.
Caldas muestra que sí se puede. Le dice claramente al gobierno nacional y a los halcones criollos que la problemática de los cultivos de coca se puede resolver en forma racional y razonable. Mientras en Caldas estamos adoptando un enfoque pragmático, en el nivel nacional persiste una mirada dogmática que resulta, a la larga, cómplice de los intereses de los narcos y de las multinacionales que obtienen jugosas ganancias comercializando venenos. Estoy de acuerdo con el gobernador Echeverri: la experiencia de Caldas le da una lección al país.
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