En la administración del presidente Alberto Lleras Camargo (1958-1962), Óscar González Mesa ocupaba el cargo de “Jefe de Rentas e Impuestos Nacionales”. Este funcionario sostuvo un fuerte debate con la que entonces se llamaba Asociación Colombiana de Ganaderos. Luego de haber obtenido enormes beneficios tributarios durante los gobiernos de Laureano Gómez y Roberto Urdaneta, privilegios que el régimen de Rojas Pinilla mantuvo intactos, ese gremio reclamaba que eran necesarias exenciones aún mayores. En entrevista con el diario El Tiempo, en enero de 1960, González controvertía la pretensión de los ganaderos señalando que la tributación de las actividades agropecuarias era ínfima no solo como resultado de la evasión sino también por cuenta de la “benignidad de la ley”. Se quejaba también González porque los grandes terratenientes, además de no aportar recursos al fisco, eran grandes beneficiarios de la Caja de Crédito Agrario. En esa misma entrevista rechazaba el funcionario las demandas de mayores exenciones planteadas en general por los gremios. Para González resultaba obvio que si una empresa liquidaba muy pocas utilidades, también serían exiguos los impuestos sobre la renta que esta terminaría pagando. En cambio, si sus utilidades eran elevadas, la exoneración de impuestos “equivaldría a administrar medicinas a quien disfruta de cabal salud”. 
Desafortunadamente, el poder político de los gremios pudo más que la determinación y claridad de González Mesa. Años más tarde, la Misión Tributaria convocada por el gobierno de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) y dirigida por el profesor Richard Musgrave, recalcó la importancia de eliminar las exenciones a las que consideraba poco eficaces como incentivo real y fuente de inequidad. Las recomendaciones del informe Musgrave fueron rechazadas por los gremios y los congresistas. Fenalco declaró que el informe Musgrave era simplemente “inadaptable” a las condiciones del país. El rechazo llegó a tal punto que a Lleras Restrepo no le quedó otro camino que apelar al endeudamiento externo para financiar los programas de inversión de su gobierno. 
Un ejemplo que ilustra las dinámicas fluidas de la relación entre poder político y poder gremial es el siguiente: en septiembre de 1965 el Ministro de Agricultura, José Mejía Salazar, había señalado la necesidad de mayores gravámenes para el sector agropecuario. En octubre de ese mismo año descartó públicamente esa posibilidad. En noviembre fue condecorado por la Sociedad de Agricultores de Colombia. Esas dinámicas parecen persistir. 
Durante el gobierno de Misael Pastrana (1970-1974) fue aprobada una reforma fiscal que elevó la base del beneficio para las exenciones por dividendos y derogó un impuesto al exceso de utilidades. Uno de los más entusiastas amigos de esa reforma era el dueño del Grupo Grancolombiano, Jaime Michelsen. En palabras de Michelsen: “El proyecto puede constituir un vigoroso aliciente para la formación de ahorro y su canalización hacia el desarrollo industrial”. Años más tarde y luego de huir del país, Michelsen estuvo un par de años en la cárcel por diversas operaciones financieras fraudulentas. 
Colombia es hoy un país muy diferente. Sin embargo, esa tendencia sistemática de las élites a evadir y eludir la financiación de los bienes públicos sigue presente. En 2012 un economista senior del Banco Mundial, Lars Moller, declaró que si Colombia quería dejar de ocupar los primeros lugares en desigualdad, era imperativo hacer una reforma tributaria estructural. Lo que el historiador Marco Palacios ha llamado el “anti-estatismo de las élites” les ha pasado cuenta de cobro por décadas a todos los colombianos. La reforma tributaria propuesta por el presidente Iván Duque y aprobada recientemente por el Congreso repite los mismos argumentos de quienes rechazaron el informe Musgrave en la década de los sesenta. Los gobiernos suelen presentar como reformas “estructurales” lo que en realidad son remiendos llenos de regalos para quienes no lo necesitan. Un Estado que no garantiza la provisión universal de bienes públicos y que cobra menos a los que más poder tienen, es un Estado que le hace daño a los ciudadanos. Los más ricos entre los ricos en Colombia son más rentistas que empresarios que generan empleo y bienestar. Ellos pagan, proporcionalmente, muchos menos impuestos que la clase media. Si González Mesa pudiera ver a Colombia hoy, vería con enorme frustración esta regresiva debilidad fiscal del Estado en Colombia.