La campaña electoral de 1990 fue especialmente sangrienta: Luis Carlos Galán Sarmiento, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leóngomez, candidatos presidenciales, fueron asesinados. La violencia política y el crimen organizado venían en ascenso. También, la violencia cotidiana. Tanto así que la Comisión de Estudios sobre la Violencia convocada por el presidente Barco declaró en 1987: “Mucho más que las del monte, las violencias que nos están matando son las de la calle”.  En 1979 la tasa de homicidios había sido 30,6 por cada cien mil habitantes y en 1991 llegó a 84,2, lo que, en ese entonces, nos ubicaba como el segundo país más violento del mundo después de El Salvador, el cual llegó a mediados de los noventa a la escandalosa cifra de 141,7 homicidios por cada cien mil habitantes, según los datos de Naciones Unidas. La violencia en Colombia era tal que el lema de campaña de Álvaro Gómez Hurtado en 1990 decía: “que no maten a la gente”. Cinco años más tarde, el dirigente conservador también sería asesinado.
En los noventa, la tasa de homicidios estuvo por encima de sesenta y en la primera década de este siglo se redujo hasta alcanzar 22,64 homicidios por cada cien mil habitantes en 2020. Aunque esa es la tasa más baja en nuestro país desde 1971, lo cierto es que sigue siendo muy alta por dos razones. Primero, los especialistas consideran que toda cifra por encima de ocho homicidios por cada cien mil habitantes constituye una tasa epidemiológica que refleja hondas fracturas sociales. Segundo, porque si tomamos las cifras disponibles más recientes entre 2019 y 2020 publicadas por Naciones Unidas, Colombia ocupa el puesto 12 entre los países con mayores tasas de homicidios en el mundo. El primer lugar lo ocupa Jamaica (44,78) seguido de otros países en el Caribe y Centroamérica. También en los primeros lugares están Sudáfrica (33,46) y México (28,37). Inmediatamente después de Colombia están Dominica (20,84) y Brasil (20,64). En todo caso hay que tener en cuenta que el dato más reciente disponible para Venezuela es alarmante: 49,88 en 2017. 
La violencia política letal sigue siendo también motivo de preocupación, luego de transcurridos cinco años desde la firma del acuerdo de paz. Según Indepaz, el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos ha venido aumentando dramáticamente hasta llegar a 310 personas en 2020, en pleno confinamiento por el Covid-19. Entre el 1 de enero y el 24 de diciembre de 2021 fueron asesinados 168 líderes sociales y 48 firmantes del acuerdo. En ese mismo período Indepaz registra 92 masacres en las que perdieron la vida 326 personas. 
Existe además el riesgo de que la tendencia descendente de la tasa de homicidios se revierta. Según la información del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, al comparar los períodos enero-octubre de 2020 y 2021, el número de homicidios en el país aumentó 21,3%. El presidente Duque declaró hace unos días que el gobierno se comprometía a reducir en diez por ciento la tasa de homicidios para 2022. Sin duda, una meta muy poco ambiciosa que no corresponde con el incremento del último año. Detener el derramamiento de sangre debería ser el objetivo número uno de la sociedad colombiana. Que no maten a la gente en el ejercicio de la política, en el trámite de nuestros conflictos sociales, en la respuesta del Estado a las movilizaciones populares y en la vida cotidiana, debería ser el compromiso de cada colombiano, de los líderes políticos y de las autoridades en este nuevo año electoral.